

El Gobierno informó que en 2024 se logró afectar al contrabando en más de Bs423 millones mediante un refuerzo en los controles fronterizos. A través de 10.269 operativos, se frenó el ingreso y salida ilegal de mercancías en las fronteras con Perú, Paraguay, Argentina y Brasil.
Según el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, estas acciones permitieron incautar alimentos, combustibles y productos procesados de alto valor. “Hemos cubierto más de 7.000 kilómetros de frontera, evitando que el contrabando afecte la economía nacional”, afirmó.
Entre los decomisos más relevantes se encuentran 133 cabezas de ganado valuadas en Bs1,2 millones, 32.300 kilos de carne de cerdo (Bs1,1 millones), 3.605 quintales de azúcar (Bs989.900), 1 millón de huevos (Bs1,05 millones) y más de 40 toneladas de fideo (Bs148.500). También se incautaron 317.890 litros de diésel (Bs1,06 millones) y 124.700 litros de gasolina (Bs466.378).
Uno de los operativos más importantes ocurrió en Sacabaya (Oruro), donde se confiscó mercadería valorada en Bs352 millones. Además, los productos variados incautados junto con la Aduana Nacional sumaron Bs22,5 millones en el segundo semestre de 2024, consolidando la cifra total de Bs423 millones.
Para 2025, el Gobierno prevé fortalecer los controles mediante unidades militares en puntos estratégicos como Cobija, Beni, Santa Cruz, Tupiza y Tarija. El despliegue de estos efectivos busca intensificar la lucha contra el contrabando en zonas críticas.
Velásquez destacó que la estrategia de control tiene tres niveles: presencia en fronteras, vigilancia en pasos aduaneros y operativos en el mercado interno con el apoyo de la Policía y la Aduana Nacional.
El contrabando representa una amenaza para la economía formal, afectando a sectores productivos y reduciendo la recaudación fiscal. Las autoridades sostienen que los operativos buscan garantizar un comercio legal y justo, evitando el perjuicio a los productores nacionales.
El Gobierno reafirmó su compromiso de mantener una política de “cero contrabando”, coordinando esfuerzos entre distintas instituciones para reforzar la vigilancia y evitar la evasión fiscal que genera este delito.
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