

El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron este jueves la conformación de cuatro comisiones técnicas para analizar el pliego petitorio de los trabajadores, que incluye un incremento del 15% al salario mínimo nacional, actualmente en Bs 2.500, y del 20% al haber básico. Las mesas de trabajo operarán en los próximos meses con el objetivo de consensuar medidas frente a la pérdida del poder adquisitivo y la crisis económica, según anunciaron ambas partes tras una reunión en la Casa Grande del Pueblo.
El presidente Luis Arce confirmó que las comisiones abordarán cuatro ejes principales:
- Estudios económicos y de mercado para evaluar la viabilidad del ajuste salarial.
- Compensación salarial para garantizar un aumento «justo» y sostenible.
- Control de la especulación en los precios de la canasta familiar, tras denuncias de la COB sobre alzas desmedidas.
- Revisión de las tarifas de transporte público, cuyo incremento en varios departamentos ha generado preocupación. Sobre este último punto, Arce aclaró que el ajuste de pasajes es competencia de los gobiernos municipales.
«Estas comisiones trabajarán con amplitud y celeridad. Entendemos la urgencia de los trabajadores», afirmó el mandatario, comprometiéndose a dar una pronta respuesta al sector.
El anuncio se produce luego de que la COB entregara formalmente su pliego petitorio, respaldado por argumentos como la inflación y la depreciación del salario. Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, precisó que las mesas también evaluarán «propuestas de emergencia» para mitigar el impacto de la crisis en los hogares.
Huarachi subrayó que el incremento salarial propuesto es un punto de partida para la negociación y no una exigencia inamovible. En 2024, el ajuste fue del 5,85% tras acuerdos entre el Gobierno y los trabajadores. Sin embargo, advirtió que la COB vigilará que las comisiones no se conviertan en «simulacros burocráticos» y exigió avances concretos antes de junio.
Por su parte, el presidente Arce evitó comprometerse con cifras definitivas, pero aseguró que su Gobierno priorizará el «equilibrio fiscal y la protección social». Mientras tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó un incremento salarial que considera «irreal y exorbitante».
Este proceso marca un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno y los trabajadores en un contexto económico complejo. Los resultados de estas comisiones podrían tener un impacto significativo en la economía familiar y la estabilidad laboral del país.
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