

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5349, que permite, de manera excepcional y por un período de cinco años, la importación, venta y comercialización de Jet Fuel A-1 por parte de personas naturales y jurídicas privadas. La medida, sancionada el miércoles por el gabinete de ministros, busca flexibilizar el mercado de combustibles para aviación y garantizar el abastecimiento en el país.
La norma establece en sus artículos 1 y 2 que esta autorización se aplica exclusivamente al Jet Fuel A-1, un combustible producido fuera del país y que no forma parte de los recursos hidrocarburíferos de propiedad estatal. Esto justifica la apertura a la importación privada sin afectar los activos nacionales.
Según el artículo 4 del decreto, la importación y comercialización de Jet Fuel A-1 no se consideran distribución mayorista. Sin embargo, los importadores deberán obtener autorizaciones previas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno. Estas entidades serán responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente.
Además, el artículo 7 especifica que este combustible no estará sujeto a subvenciones, por lo que su precio se regirá por las condiciones del mercado.
Reacciones del sector aéreo
Jorge Valle, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), señaló que, aunque las aerolíneas internacionales han recibido provisiones de Jet Fuel, persiste la presión de YPFB Aviación por cobrar en dólares. “No hay dólares, ¿de dónde van a pagar las empresas aéreas en esa moneda?”, cuestionó Valle, quien también expresó dudas sobre la efectividad de la medida.
El dirigente comparó esta situación con la importación de diésel y gasolina, donde —según afirmó— existen múltiples exigencias que dificultan el proceso. “Si se quiere abrir el mercado, debería permitirse la importación sin tantas restricciones”, agregó.
Impacto y desafíos
La autorización de importación privada de Jet Fuel A-1 podría dinamizar el mercado de combustibles para aviación, reducir la dependencia de un solo proveedor y mejorar la competitividad en el sector. No obstante, su éxito dependerá de la agilidad en los trámites y la eliminación de barreras burocráticas, según expertos.
Esta decisión se enmarca en un contexto de tensiones por el abastecimiento de combustibles y la demanda de divisas, factores que han generado desafíos para las aerolíneas y otros actores del sector. Aunque la medida busca aliviar estas presiones, su impacto real aún está por verse.
En síntesis, el Decreto Supremo 5349 marca un cambio significativo en la política de hidrocarburos, al abrir el mercado de combustibles de aviación a la participación privada, un sector tradicionalmente controlado por el Estado.
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