Ha estallado un nuevo conflicto por la explotación del litio. El debate sobre la rentabilidad del proyecto acapara la atención de quienes orbitan el poder. No es para menos: contratos de esta magnitud parecen una hipoteca sobre un recurso estratégico a cambio de fondos para mitigar el desastre económico. Los más suspicaces agregarán al cálculo ciertos «beneficios extra», por supuesto no especificados, que podrían servir para asegurar la permanencia en el poder a toda costa. Pero más allá de las sospechas políticas, la controversia también se aviva por los riesgos ambientales, en particular la posible contaminación de acuíferos.
Las movilizaciones, evaluaciones y foros críticos sobre los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC no se hicieron esperar. Frente a las objeciones de los ecologistas, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró que los proyectos serán «altamente eficientes» y su «impacto ambiental, mínimo». Declaraciones llamativas, considerando que en el llamado «Triángulo del Litio», tanto en Chile como en Argentina—donde las regulaciones son más estrictas—han surgido graves problemas ambientales. Basta revisar las crisis de acuíferos en los salares de Atacama y del Hombre Muerto. Además, en los países vecinos, la aprobación de estos proyectos no requirió maniobras furtivas ni un secretismo tan inquietante como apresurado.
Las sospechas se multiplican en un país y bajo un gobierno que, hace apenas tres meses, batió su propio récord de ecocidios. Evaluaciones recientes de la Fundación Tierra y una investigación auspiciada por el diario El Deber arrojan cifras escalofriantes: entre 13 y 14 millones de hectáreas de tres tipos de bosques fueron arrasadas por el fuego, algunas de ellas en áreas únicas en el mundo. Y, sin embargo, el tema parece desvanecerse en la agenda pública. Tanto, que varios precandidatos presidenciales no solo lo ignoran o desestiman, sino que incluso parecen promover más quemas.
Jorge «Tuto» Quiroga, por ejemplo, menciona en su creciente campaña el proyecto «Dos Paraguay»: más transgénicos y más deforestación. Ni se inmuta ante el acelerado calentamiento climático de las tierras cruceñas, que, según Fundación Tierra, es un 83% mayor que el promedio mundial. Tampoco parece haberse enterado del intenso debate que sacude a Paraguay por las consecuencias de sus políticas agroindustriales. Este verano, según un reportaje de *Deutsche Welle*, las temperaturas en ese país oscilaron entre 40 y 47 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún mayores. Los expertos advierten que el límite humano antes de enfrentar riesgos severos es de 50 grados. Paraguay, señala la investigación, «parece atrapado entre la alerta mundial y la lógica del crecimiento económico sin límites». Y Bolivia no está lejos de ese mismo dilema.
No sería extraño que Quiroga proponga un «Dos Salar del Hombre Muerto» si llega al poder. Y el resto de los precandidatos no se queda atrás. Sorprende, incluso, que el más ecologista del grupo resulte ser Luis Fernando Camacho. Sorprende porque, cuando fue activista anti-MAS, se movilizó contra los incendios; pero ya como gobernador, simplemente miró hacia otro lado.
Así se configura un megaecocidio nacional, con apoyo entusiasta para el futuro y acciones desesperadas en el presente. No solo el litio y los salares generan nuevas inquietudes: esta semana también se confirmó que la empresa YPFB Chaco perforó el núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el llamado «pulmón de Tarija», por los vitales servicios ambientales que brinda al valle chapaco. La denuncia provino del investigador Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), y fue corroborada por parlamentarios y activistas.
La búsqueda desesperada de hidrocarburos impulsó la profanación de un santuario natural, acompañada de preocupantes niveles de violencia durante meses. Y, una vez más, la impunidad queda en evidencia. Como si fuera poco, esta semana también se reportó el ingreso de cooperativistas mineros al Parque Nacional y Reserva Integrada de Cotapata. Casos como este se repiten sin cesar. ¿Cómo confiar, entonces, en que los proyectos de litio serán tan inocuos como promete el ministro Gallardo?
La desconfianza es prácticamente absoluta. La devastación ambiental del presente se asemeja a una depredación incontenible. La amenaza sobre el salar y la herida en Tariquía completan un circuito nacional de destrucción. No hay departamento donde no se estén cometiendo graves delitos ambientales con fines extractivistas. Bolivia hoy se parece a un territorio sometido a un ataque militar bajo la estrategia de «tierra arrasada».
Este concepto se refiere a una táctica de guerra en la que un ejército destruye todo a su paso para privar al enemigo de recursos esenciales: alimentos, infraestructura, suministros, refugios. Nada más cercano a nuestra realidad cuando recordamos ríos contaminados con mercurio y metales pesados, lagunas y lagos desaparecidos o envenenados, megaincendios, reservas violentadas, nevados debilitados por la maquinaria extractiva. Y, por supuesto, ahora hay quienes se alarman porque los salares han entrado en la lista de sacrificios.
Hace unos días, al reflexionar sobre este panorama, alguien, conmovido y con cierta ironía, preguntó: «¿Qué le ha pasado a este pueblo, Pachamama mía?».
Rafael Sagarnaga López es periodista
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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