

El Gobierno nacional y los productores de soya de Santa Cruz alcanzaron un preacuerdo para liberar la exportación del grano, tras una mesa de diálogo instalada esta semana en la capital cruceña. El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, confirmó el avance, aunque advirtió que se ajustarán las normativas para priorizar a los productores primarios. El acuerdo busca desactivar un conflicto que mantenía en tensión al sector agrícola y evitar los bloqueos anunciados por los productores interculturales.
La negociación, que se prolongó por dos días, reunió a autoridades gubernamentales y representantes del sector productivo, quienes exigían la liberación de exportaciones y la regularización en el suministro de diésel. René Pérez, dirigente de Concepción, aseguró que la amenaza de bloqueos se levantó luego de que el Gobierno se comprometiera a liberar las exportaciones, aunque aún no se ha definido una fecha concreta. “Esperamos la emisión del documento oficial para concretar la medida”, indicó Pérez.
Por su parte, el viceministro Siles enfatizó que la regulación del proceso exportador busca beneficiar directamente a los productores primarios. “Actualmente, el reglamento es demasiado permisivo y permite que cualquier persona exporte soya. Eso debe cambiar”, afirmó en una entrevista con Cadena A. Según Siles, el objetivo es garantizar que los certificados de exportación se otorguen únicamente a quienes realmente producen el grano, evitando la intermediación de terceros.
Un conflicto de larga data
El preacuerdo se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los productores de soya. Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), denunció recientemente que el Ejecutivo no ha emitido este año el “Certificado de Abastecimiento Interno”, documento indispensable para la exportación. Recordó que, según el Decreto Supremo 3920 de 2019, en enero debe liberarse el 60% de la producción del año anterior, lo que no se cumplió en 2023.
Fernando Romero, presidente de Anapo, reforzó esta exigencia durante la Exposoya 2025, donde pidió al Gobierno “libertad y reglas claras” para el sector. “La exportación es un derecho innegociable. Los productores son dueños de su cosecha y nadie debe condicionar nuestro trabajo. No pedimos privilegios, sino normativas justas y estables”, sostuvo Romero.
Desafíos y próximos pasos
El preacuerdo representa un avance clave para el sector agrícola, que depende en gran medida de las exportaciones de soya para sostener su economía. No obstante, aún quedan aspectos por definir, como la emisión del documento que formalice la liberación de exportaciones y los ajustes normativos para priorizar a los productores primarios.
Siles también adelantó que el Gobierno buscará equilibrar la relación entre los productores y la industria oleaginosa, evitando la participación de actores externos en el proceso exportador. “Nos interesa que los certificados de exportación sean para los productores, para los interculturales, para quienes realmente cultivan la soya”, afirmó el viceministro.
El sector agrícola permanece a la espera de la oficialización del acuerdo y de medidas concretas que garanticen estabilidad en la producción y comercialización del grano.
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