El exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, en la audiencia que se realizará el jueves 20 de octubre para declararse culpable ante la justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, será sentenciado por el delito de corrupción.
Murillo es el preso número 02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
La Procuraduría General del Estado de Bolivia informó que asumirá su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de la ahora sentenciada a 10 años de prisión en Bolivia.
El procurador Wilfredo Chávez explicó en días pasados que, con esa decisión, Murillo no se someterá a un juicio con jurados, en el distrito judicial del sur de la Florida, y que podría recibir una sentencia de seis años de cárcel.
La justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad.
Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.
La autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de 75.000 dólares y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Arturo Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Áñez. Su gobierno desembolsó 5,7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor 3,3 millones de dólares por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de 2,3 millones de dólares.
De estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.