El sector empresarial e industrial pidió suspender durante 180 días el incremento aplicado a la facturación del gas natural para las categorías industrial, comercial y productiva. Advirtió que la medida elevaría hasta 17,41% los costos de producción y podría trasladarse al precio de bienes y servicios, con efectos sobre el empleo formal y el abastecimiento.
La solicitud fue presentada de manera conjunta por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), la Asociación de Empresarios e Industriales de Santivañez (AEIS), el Comité Cívico de Cochabamba, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y representantes de empresas manufactureras que utilizan gas natural en sus procesos productivos.
Los empresarios plantean dejar sin efecto temporalmente el ajuste mientras las autoridades realizan una evaluación técnica, económica, regulatoria e inflacionaria que determine el alcance real de la medida sobre el aparato productivo.
Elevaría los costos de producción
El pronunciamiento señala que la aplicación de un tipo de cambio de Bs 11 para la facturación del gas natural implica un aumento de 58,05% en el costo del energético expresado en moneda nacional, pese a que la tarifa en dólares no registra modificaciones.
Según el análisis presentado, cuando el gas representa el 10% de la estructura de costos de una empresa, el ajuste genera un incremento aproximado de 5,81% en el costo total de producción. En actividades donde la participación del energético alcanza el 30%, el impacto directo asciende a 17,41%.
El documento añade que el efecto también alcanzaría al transporte, la logística, el mantenimiento y otros insumos vinculados a la cadena productiva, debido al uso transversal del gas natural en sectores como alimentos, bebidas, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papelería, textiles y gastronomía.
Empresarios una mesa técnica nacional
El sector sostiene que una eventual ampliación del incremento a las categorías industrial y comercial aumentaría las presiones inflacionarias en un contexto en el que la inflación nacional de junio de 2026 llegó a 2,15% mensual, 4,82% acumulada y 9,23% interanual.
Como parte de su pronunciamiento, las organizaciones empresariales solicitaron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos publique la base legal de la medida, la metodología de cálculo, el tipo de cambio aplicado, las categorías alcanzadas y la fecha de implementación.
Asimismo, propusieron instalar en un plazo máximo de diez días hábiles una mesa técnica nacional con participación del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB y representantes del sector empresarial e industrial para evaluar mecanismos que preserven la continuidad productiva, el empleo formal, el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios.
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