La ONU concluyó que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y planteó su liberación inmediata, además de una indemnización. El pronunciamiento cuestiona la legalidad del proceso seguido contra el expresidente peruano desde su arresto en diciembre de 2022.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas adoptó en 2025 una opinión en la que determina que la privación de libertad del exmandatario vulneró normas internacionales de derechos humanos.
El documento señala que la detención inicial no respetó el procedimiento especial previsto para procesar a un jefe de Estado en funciones. También identifica vulneraciones a disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ONU cuestiona el proceso seguido contra Pedro Castillo
Los expertos concluyeron que Castillo no contó plenamente con garantías de un juicio justo. Entre las observaciones figuran limitaciones para acceder oportunamente a un abogado de su confianza y dificultades para que su defensa preparara adecuadamente su estrategia.
El grupo también estimó que el procedimiento aplicado no garantizó de forma completa el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Por ello, consideró procedente una reparación que incluya compensación económica.
Castillo fue arrestado el 7 de diciembre de 2022 cuando se dirigía junto a su familia a la embajada de México en Lima. Horas antes había intentado disolver el Congreso y gobernar por decreto mediante un mensaje público.
Prisión preventiva y situación judicial
La opinión sostiene además que el Estado peruano no justificó adecuadamente las sucesivas ampliaciones de la prisión preventiva, que se prolongó durante casi tres años en un penal destinado a expresidentes.
El exgobernante fue condenado en 2025 a más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión. Su defensa presentó una apelación contra esa sentencia, mientras continúan investigaciones por presunta corrupción durante su administración.
La liberación de Castillo fue una propuesta de campaña del candidato progresista Roberto Sánchez, derrotado en el balotaje presidencial por Keiko Fujimori. Por su parte, el presidente interino José Balcázar declaró que no existe una solicitud de indulto en trámite, aunque recordó que la ley contempla esa facultad en determinados casos.





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