El presidente Rodrigo Paz rechazó la advertencia de un paro del Órgano Judicial y sostuvo que ese tipo de medidas responde a una lógica del pasado. Planteó que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y recordó que las reformas judiciales dependen del tratamiento legislativo.
Paz vinculó las amenazas de paralización con la forma de hacer política durante los últimos 20 años y aseguró que el país debe priorizar la concertación. En un encuentro con periodistas en Asunción, expresó que los conflictos entre instituciones deben encauzarse mediante acuerdos y no con medidas de presión.
El pronunciamiento surge después de que autoridades judiciales aprobaran en Sucre una resolución para exigir mayor presupuesto y el tratamiento de proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa. El documento advierte con un paro de labores si esas demandas no son atendidas.
Paz defiende el diálogo
El mandatario recordó la existencia de un gran acuerdo nacional suscrito en Cochabamba y señaló que las reformas al sistema judicial forman parte de ese compromiso. Remarcó que esos cambios requieren debate y aprobación en el Parlamento, por lo que no pueden aplicarse mediante decretos.
Añadió que el mismo mecanismo legislativo debe utilizarse para impulsar reformas en áreas como salud y educación, al considerar que esos temas deben resolverse mediante consensos institucionales.
Estado de excepción y medidas de presión
La tensión entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial aumentó tras las críticas cruzadas entre ambas instituciones. El lunes, el portavoz del Gobierno, José Luis Galvez, calificó de «inaudita» la posibilidad de un paro judicial y cuestionó esa decisión.
Este martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia respondió que el Órgano Judicial posee lo que, a su juicio, le falta al Gobierno, en alusión al reciente conflicto social.
Frente a ese escenario, Paz recordó que el estado de excepción continúa vigente por 90 días y señaló que las restricciones alcanzan a las medidas de presión. También pidió al sistema judicial y al Ministerio Público respaldar la aplicación de esas disposiciones y actuar con firmeza frente a quienes provocaron daños durante los bloqueos.
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