Bolivia alertó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el crimen organizado está sacando ventaja de los escenarios de conflictividad prolongada y debilidad institucional que afectan a varios países de América Latina. La advertencia fue planteada por el canciller Fernando Aramayo durante la Asamblea General del organismo hemisférico.
Según sostuvo el jefe de la diplomacia boliviana, la región enfrenta un entorno marcado por una creciente polarización política, la expansión de la desinformación, mayores niveles de violencia y un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones públicas. En ese contexto, afirmó que las organizaciones criminales han demostrado una capacidad cada vez mayor para adaptarse y expandirse.
Aramayo señaló que estas estructuras ya no responden únicamente a esquemas jerárquicos tradicionales. De acuerdo con su exposición, operan mediante redes flexibles que se extienden a través de distintos países y economías ilícitas, aprovechando espacios de fragilidad estatal y conflictos que se prolongan en el tiempo.
Como parte de su intervención, el canciller hizo referencia a los bloqueos de carreteras que afectaron a Bolivia durante más de 50 días. Según informó, las medidas provocaron pérdidas millonarias para el Estado y dejaron más de diez fallecidos que no pudieron desplazarse para recibir atención médica.
Conflictividad, derechos y acción estatal
El ministro explicó que el conflicto comenzó con demandas diversas que, en muchos casos, eran legítimas dentro de una sociedad democrática. Sin embargo, afirmó que la situación escaló gradualmente hasta convertirse en un mecanismo que paralizó actividades esenciales y elevó la tensión política.
Ante los países miembros de la OEA, Aramayo sostuvo que la protesta pacífica y la libertad de expresión constituyen derechos fundamentales. No obstante, advirtió que surge una colisión de derechos cuando se restringe la libre circulación de personas o se afecta el acceso a servicios básicos.
Según afirmó, la interrupción del tránsito de ambulancias, la falta de medicamentos y los problemas de abastecimiento obligan al Estado a intervenir para preservar el funcionamiento de la vida colectiva.
Una mirada regional sobre la inestabilidad
Durante su exposición, el canciller planteó que los episodios de inestabilidad no deben analizarse de forma aislada. Según indicó, no existen pruebas judiciales concluyentes que demuestren una participación directa de redes criminales en los hechos recientes registrados en Bolivia.
Aun así, sostuvo que el contexto exige una evaluación más amplia. De acuerdo con Aramayo, los Estados que fortalecen sus instituciones y enfrentan redes ilícitas afectan intereses poderosos, un escenario que demanda atención permanente de las democracias de la región.








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