El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el Ejecutivo mantiene abiertas las últimas instancias de diálogo con la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. La autoridad señaló que, si persisten los bloqueos, el Estado actuará conforme a la ley debido a los efectos que las medidas generan en distintos sectores.
Según declaró Oviedo, el Gobierno recibió el pliego de demandas de la organización campesina y sostiene contactos con algunos de sus representantes. Sin embargo, reconoció que las conversaciones avanzan lentamente mientras continúan los cortes de rutas.
La autoridad indicó que dirigentes de la Federación Túpac Katari anunciaron que no participarán en un diálogo y esperan una respuesta oficial a una conminatoria presentada al Ejecutivo. De acuerdo con sus declaraciones, los próximos días serán decisivos para alcanzar un entendimiento.
Diálogo con campesinos y advertencia del Gobierno
“Hoy seguramente será una de las últimas oportunidades; hoy, mañana, estos últimos días, porque, si no, vamos a tener que actuar con la ley”, afirmó Oviedo al referirse a las gestiones en curso.
Según informó el ministro, los bloqueos afectan el ingreso de alimentos, el transporte, la actividad industrial, la hotelería y los servicios de salud. También señaló que cerca de dos millones de habitantes de La Paz y El Alto enfrentan problemas de abastecimiento y movilidad.
Oviedo sostuvo además que las medidas de presión están relacionadas con la muerte de casi una decena de personas. Añadió que quienes impidan el paso de ambulancias o agredan vehículos de emergencia deberán responder ante la Justicia.
Bloqueos, responsabilidades y denuncias
El ministro aseguró que el Gobierno mantiene disposición para atender demandas sociales mediante el diálogo. No obstante, remarcó que no negociará impunidad para personas involucradas en hechos que calificó como delictivos.
Respecto a las movilizaciones vinculadas al sector liderado por Evo Morales, Oviedo acusó al expresidente de financiar y dirigir grupos violentos. También atribuyó a esos sectores amenazas contra dirigentes y ataques a viviendas e instalaciones públicas.
Según el propio ministro, estas denuncias deberán ser investigadas por la Justicia. Durante la entrevista citada en el texto fuente, no presentó pruebas específicas para respaldar esas acusaciones.






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