La Procuraduría General del Estado anunció la activación de auditorías a los arbitrajes internacionales en los que Bolivia resultó demandada o enfrenta procesos en curso. La medida surge en el contexto de un fallo adverso relacionado con el caso de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) vinculada al BBVA, que obliga al Estado a pagar 105 millones de dólares.
El objetivo central es identificar posibles responsabilidades por decisiones políticas y estrategias de defensa adoptadas en gestiones anteriores. Además, el Gobierno busca abrir la vía para eventuales acciones de repetición, con las que se pretende recuperar recursos públicos ya comprometidos en estos litigios internacionales.
Caso BBVA AFP y fallo del Tribunal de Países Bajos
El proceso más reciente que motivó la decisión institucional está vinculado a un laudo internacional en el que el Estado boliviano perdió frente al BBVA. Según informó la Procuraduría, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó la obligación de Bolivia de pagar 105 millones de dólares.
El procurador General del Estado, Hugo César León, afirmó que el país agotó todas las instancias legales disponibles en este proceso arbitral. En ese sentido, señaló que la obligación de pago ya es jurídicamente consolidada e irreversible para el Estado.
Auditorías a arbitrajes internacionales en curso
El subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Marcelo Longaric Saucedo, explicó que se ejecuta una auditoría integral a todos los arbitrajes internacionales en los que Bolivia actúa como parte demandada.
Esta revisión busca abarcar de forma sistemática los casos abiertos y cerrados. El enfoque incluye tanto procesos concluidos como aquellos que aún se encuentran en litigio en tribunales internacionales.
La Procuraduría indicó que el análisis se realiza con equipos técnicos especializados y contempla una evaluación caso por caso.
Objetivos de la fiscalización: sanciones y defensa estatal
De acuerdo con Longaric, la auditoría tiene tres objetivos principales. Primero, analizar el origen de las controversias y las decisiones que derivaron en los procesos arbitrales. Segundo, identificar fallas estructurales en la gestión jurídica y administrativa de anteriores administraciones.
El tercer objetivo es fortalecer la defensa del Estado en los procesos que continúan vigentes. El funcionario remarcó que estas controversias no surgen de manera espontánea, sino que responden a decisiones políticas previas.
En esa línea, la Procuraduría sostuvo que el propósito es determinar si hubo negligencia o una inadecuada defensa de los intereses del Estado.
Acciones de repetición para recuperar recursos públicos
El procurador León afirmó que, una vez concluidas las auditorías, el Estado impulsará acciones de repetición. Este mecanismo jurídico permitiría iniciar procesos para recuperar recursos económicos si se comprueba responsabilidad en la toma de decisiones.
Según la autoridad, el análisis busca establecer si las estrategias de defensa fueron adecuadas o si existieron errores que generaron daños económicos al país. La institución enfatizó que este proceso forma parte de una política de revisión integral de la defensa estatal.
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