El Gobierno identificó que 64 de las 67 empresas públicas de Bolivia operan con pérdidas y han generado más de $us 2.000 millones en déficit en las últimas dos décadas. En este contexto, un análisis del economista Luis Fernando Romero expone cuáles son las 10 empresas estatales más deficitarias en la gestión 2025.
El ranking, elaborado con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y reportes institucionales, revela un deterioro financiero sostenido. Según el informe, las pérdidas no solo persisten, sino que se concentran en empresas estratégicas y productivas.
Ranking 2025: las empresas públicas más deficitarias
El estudio, con corte al 5 de abril de 2025, identifica a las siguientes entidades con mayores pérdidas:
Las tres más deficitarias
- Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB): Bs -231,7 millones
- Mi Teleférico: Bs -163,2 millones
- Boliviana de Aviación (BoA): Bs -138,1 millones
Estas empresas lideran el ranking, reflejando déficits significativos en sectores clave como transporte, energía y recursos estratégicos.
Otras empresas con pérdidas relevantes
- Empresa Boliviana de Alimentos (EBA): Bs -104,2 millones
- Empresa Pública de Cementos Bolivia (ECEBOL): Bs -56,3 millones
El informe también advierte la incorporación de nuevas empresas productivas con resultados negativos, lo que amplía el problema más allá de servicios públicos tradicionales.
El caso particular de YPFB
Uno de los puntos más llamativos del análisis es la inclusión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el ranking, pese a que el Gobierno había señalado previamente que genera utilidades.
Según Romero, la estatal presenta una pérdida económica de Bs -250,7 millones cuando se consideran costos reales como depreciación, subsidios, tipo de cambio y costos financieros. Sin embargo, reporta una utilidad neta positiva de Bs 2.786 millones debido a ajustes contables.
El economista explica que esta situación evidencia una contradicción: la empresa funciona en el corto plazo, pero destruye valor en términos económicos.
Subsidios y costos: principales causas del déficit
El análisis identifica como principal factor el subsidio a los carburantes. Bolivia importa combustibles a precios internacionales, pero los vende a precios subsidiados en el mercado interno.
Esta diferencia genera pérdidas por cada unidad comercializada, afectando directamente los resultados financieros de empresas como YPFB.
Comparación con 2024: un deterioro evidente
El informe compara los resultados con la gestión 2024, cuando las empresas más deficitarias eran:
- Mi Teleférico (Bs -199,7 millones)
- YLB (Bs -196,6 millones)
- Empresa de Producción Agropecuaria (Bs -49,7 millones)
Para 2025, no solo se mantienen algunas de estas entidades, sino que aparecen otras con pérdidas mayores, lo que evidencia un agravamiento del problema.
Problemas estructurales en empresas productivas
Romero subraya que empresas como YLB, EBA y ECEBOL presentan pérdidas pese a tener objetivos productivos. Esto sugiere fallas en el diseño, baja productividad o inversiones que no generan retornos.
En el caso de BoA, el déficit resulta llamativo debido a que opera en un mercado con características monopólicas, lo que en teoría debería favorecer su rentabilidad. El resultado negativo apunta a posibles ineficiencias operativas o sobrecostos.
Impacto fiscal y económico
El informe advierte que las pérdidas obligan al Estado a transferir recursos para sostener estas empresas. Esto tiene efectos directos en:
- El aumento del déficit fiscal
- La reducción de divisas disponibles
- La limitación del gasto en otras áreas prioritarias
Según el economista, este patrón afecta la estabilidad económica, el acceso a dólares y la calidad de los servicios públicos.
Propuestas: evaluación, alianzas y posibles privatizaciones
Ante este escenario, Romero plantea una evaluación integral obligatoria para todas las empresas públicas. Esta revisión debería analizar:
- Rentabilidad
- Flujo de caja
- Impacto social
- Sostenibilidad
Propone además clasificar las empresas en tres categorías: sociales, estratégicas y productivas.
Las empresas sociales podrían recibir subsidios, pero estos deberían ser transparentes y condicionados a mejoras de eficiencia. También sugiere impulsar alianzas público-privadas en sectores como litio, cemento y alimentos.
Finalmente, plantea que la privatización debe considerarse en casos donde no exista justificación social ni estratégica para mantener la empresa bajo control estatal.
Un problema de gestión, no de modelo
El economista concluye que Bolivia enfrenta un problema estructural en la gestión de sus empresas públicas. Aclara que el problema no radica en su existencia, sino en cómo se administran.
“Cuando estas empresas operan con pérdidas constantes, los recursos que las sostienen salen de todos los bolivianos”, señala el informe, advirtiendo que el Estado no puede financiar indefinidamente estas ineficiencias en un contexto de restricción fiscal.
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