La Sala Constitucional Segunda de La Paz aceptó una acción de amparo constitucional en contra del proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, planteada por el abogado Porfirio Machado Gisbert. Según la resolución judicial, el proceso en curso podría haber vulnerado derechos y garantías constitucionales del demandante, quien era uno de los postulantes al cargo.
El recurso presentado señala a varias autoridades como demandadas, entre ellas, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, el senador Luis Adolfo Flores, el diputado Froilán Mamani, entre otros. La audiencia para tratar este caso ha sido programada para el próximo viernes 25 de octubre a las 14:00 horas, y se llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.
Proceso de elección del Fiscal General
El proceso de selección del nuevo Fiscal General se encuentra en su etapa final. El pasado lunes, 14 de octubre, concluyó la evaluación de los 33 postulantes mediante un examen oral y la presentación de propuestas de gestión. La Comisión Mixta de Justicia Plural, encargada del proceso, tiene previsto concluir su labor de selección este jueves 17 de octubre, cuando remita el informe correspondiente a la Asamblea Legislativa.
Una vez recibido el informe, la Asamblea deberá proceder a la designación del nuevo Fiscal General, quien asumirá el cargo el 23 de octubre, en reemplazo de Juan Lanchipa.
Implicaciones del amparo
La admisión de esta acción de amparo constitucional genera incertidumbre sobre la continuidad del proceso de elección, ya que podría derivar en la suspensión o modificación del mismo. De acuerdo con Machado, sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante el proceso, lo que plantea dudas sobre la transparencia y equidad en la selección del máximo representante del Ministerio Público.
Este caso podría retrasar la designación del nuevo Fiscal General, lo que tendría repercusiones en la administración de justicia y en el funcionamiento de una de las instituciones clave del Estado. La resolución de la acción de amparo constitucional será crucial para determinar si el proceso sigue adelante o si se ordenan ajustes antes de que se realice la designación definitiva.