
El gobierno boliviano anunció este miércoles la creación de la Comisión de la Verdad II, que investigará posibles sobreprecios en los contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la empresa Trafigura, así como la denuncia sobre combustible de baja calidad que afectó a choferes del país. La iniciativa busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades ante la opinión pública.
El procurador del Estado, Hugo León La Faye, informó que las cartas para acreditar a los miembros de la comisión serán enviadas hoy a las Cámaras de Diputados y Senadores, cumpliendo con los procedimientos legales para su instalación. Según León La Faye, la comisión investigará la compra de combustible y las causas que provocaron la contaminación en algunas estaciones de servicio.
YPFB niega sobreprecios en la compra de petróleo
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, aseguró que no existe ningún sobreprecio en la adquisición de petróleo crudo. Según Flores, todos los contratos se realizan de manera responsable, transparente y legal.
“Nos están mintiendo descaradamente. YPFB no compra con sobreprecio y no lo vamos a permitir. Llegaremos hasta las últimas consecuencias en todas las instancias legales”, declaró en rueda de prensa.
Controversia por combustible de mala calidad
El caso del combustible defectuoso salió a la luz a principios de febrero, cuando choferes de diferentes regiones del país denunciaron la baja calidad del producto y los daños ocasionados a sus vehículos. Las protestas se concentraron frente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz, donde dirigentes sindicales exigieron compensaciones por los daños materiales.
En medio de esta situación, la directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala, presentó su renuncia. “Hoy he decidido renunciar a mi cargo como directora ejecutiva de la ANH. Lo hago sin resentimientos y con la tranquilidad de haber cumplido con mi deber”, señaló Ayala, visiblemente afectada.
Próximos pasos de la Comisión de la Verdad II
La comisión, integrada por representantes de las cámaras legislativas, tendrá la tarea de investigar los contratos de YPFB y la calidad del combustible distribuido en el país. Se espera que los hallazgos sean públicos, con recomendaciones legales y administrativas para prevenir futuros problemas en la industria petrolera y energética boliviana.








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