El diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, presentó una denuncia penal contra Yussef Akly Flores, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por un presunto sobreprecio en la compra de carburantes. La acusación surge tras detectar diferencias significativas entre precios pagados a proveedores nacionales y a la empresa transnacional Trafigura, generando un posible daño económico mensual de 4 millones de dólares.
Según Pacheco, el barril comprado a proveedores nacionales cuesta 9,10 dólares. En cambio, YPFB adquiere el mismo producto a Trafigura por 20,18 dólares. Por ello, el diputado solicitó la investigación de posibles delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
Motivos de la denuncia penal
El legislador explicó que la demanda busca determinar responsabilidades del presidente de YPFB. “Estamos presentando esta denuncia penal contra Yussef Akly Flores por delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado”, declaró a medios.
Pacheco sostuvo que las diferencias de precio generan un perjuicio directo a las finanzas públicas y justifican un análisis profundo de los contratos y procesos de adquisición.
Diferencias de precios en la compra de carburantes
El diputado precisó que el barril nacional cuesta 9,10 dólares y el mismo barril comprado a Trafigura llega a 20,18 dólares. Esta disparidad explicaría un daño económico de aproximadamente 4 millones de dólares cada mes.
Agregó que la situación requiere transparencia y control sobre las decisiones de YPFB para proteger los recursos del Estado.
Antecedentes de contratos cuestionados
Pacheco también cuestionó contratos previos con Botrading, empresa que estuvo involucrada en irregularidades. “Botrading, que ya fue cuestionada y que provocó que el presidente anterior de YPFB escapara, ahora firma contratos con Trafigura, una transnacional”, señaló.
El diputado argumenta que los antecedentes de la empresa y la firma de nuevos contratos justifican la revisión urgente de las operaciones de la estatal petrolera.
Legisladores señalan indicios de corrupción
La diputada Claudia Herbas, también de Alianza Popular, afirmó que los sobreprecios detectados podrían vincularse a hechos de corrupción.
Herbas aseguró que el Gobierno no puede justificar la situación diciendo que se trataba de “otros momentos en el tiempo”. Para ella, la transparencia en los contratos es esencial para garantizar la legalidad y evitar daños al Estado.
YPFB mantiene silencio
Hasta el momento, YPFB no ha emitido pronunciamiento sobre la denuncia ni sobre las operaciones cuestionadas. Tampoco ha explicado las diferencias de precio con Trafigura ni aclarado los antecedentes de los contratos previos.
El silencio de la petrolera estatal mantiene la atención de los parlamentarios de Alianza Popular, que exigen mayor claridad y fiscalización.







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