
La auditoría técnica de la nueva administración de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) detectó más de 300 observaciones técnicas, además de irregularidades administrativas y contractuales, que ponen en riesgo la puesta en operación del complejo siderúrgico ubicado en el departamento de Santa Cruz. Las fallas abarcan desde el diseño original del proyecto hasta la ejecución de obras civiles, pese a que el Estado ya pagó el total del contrato suscrito con la empresa china encargada de la construcción.
El presidente ejecutivo de la ESM, Álvaro Tejerina, advirtió que el nivel de deterioro técnico compromete seriamente los objetivos de industrialización del hierro del Mutún y podría derivar en consecuencias legales y económicas para el país si no se corrigen de forma inmediata.
Cinco plantas inoperativas y deficiencias estructurales
Según el informe de auditoría, cinco de las siete plantas que conforman el complejo no están operativas ni cumplen los parámetros técnicos mínimos establecidos en el contrato. Las observaciones incluyen errores de ingeniería, problemas en la instalación de equipos y deficiencias en obras civiles ejecutadas.
Tejerina detalló que también se identificaron irregularidades en las licencias ambientales, además de la ausencia de cerramientos perimetrales de seguridad, lo que expone a riesgos tanto al personal como a la infraestructura. Estas falencias explican por qué la planta no ha logrado entrar en operación, pese a estar próxima a su inauguración parcial.
Un contrato “llave en mano” bajo observación
El proyecto fue adjudicado en 2016 a la firma Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltda. bajo la modalidad de contrato “llave en mano”, por un monto aproximado de $us 400 millones. El acuerdo incluía la construcción, provisión de equipos y un año de producción conjunta para facilitar la transferencia de conocimiento a técnicos bolivianos.
No obstante, ese periodo de producción nunca se ejecutó. Aun así, el Estado pagó casi $us 18 millones por ese componente del contrato, lo que incrementa el daño económico asociado al proyecto.
Pagos completos y sin boletas de garantía
La ESM confirmó que ya se canceló el 100% del monto contractual, aunque la planta no cumple las condiciones pactadas. Además, el contrato no cuenta con boletas de garantía que respalden los compromisos asumidos por la empresa constructora.
“Hoy no se le debe un solo boliviano a la empresa china, y aun así la planta no funciona”, remarcó Tejerina. La autoridad calificó este escenario como una situación de “indefensión contractual” frente a incumplimientos que considera graves.
Diez días para presentar un plan de corrección
La administración estatal envió una carta notariada a Sinosteel otorgándole un plazo de diez días hábiles para presentar un cronograma de corrección de las deficiencias. El plan debe contemplar un periodo estimado de seis meses para concluir las obras pendientes y entregar la planta en condiciones operativas.
Tejerina aclaró que la intención es resolver el conflicto conforme a las cláusulas del contrato y evitar una ruptura unilateral. Sin embargo, recordó que el marco legal permite aplicar esa figura cuando una de las partes incurre en incumplimientos sistemáticos.
Denuncias penales y procesos internos
La ESM anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público para investigar presuntos daños económicos al Estado y establecer responsabilidades. Paralelamente, informes preliminares revelan irregularidades administrativas en anteriores gestiones de la empresa estatal.
Estos hallazgos motivarán procesos internos y posibles sanciones a exfuncionarios involucrados en la gestión del proyecto.
Un proyecto clave para la industrialización
El Complejo Siderúrgico del Mutún fue concebido para producir hasta 200.000 toneladas de acero al año, reducir las importaciones en aproximadamente 50% y generar cientos de empleos directos e indirectos. Su paralización o fracaso tendría un impacto directo en la política de sustitución de importaciones.
El economista Germán Molina advirtió que “sería una gran frustración volver a foja cero, cuando ya el Estado cumplió con el pago a la empresa china”. Añadió que contar con una siderúrgica es vital, pero también lo es respetar los contratos y concretar el proyecto sin nuevos retrocesos.
Presión política y riesgo para la credibilidad del Estado
El deterioro técnico del complejo afecta también la credibilidad del Estado en la gestión de grandes inversiones. Diversos actores políticos plantearon la conformación de una Comisión Especial de investigación en la Cámara de Diputados.
Analistas y representantes empresariales advierten que no poner en marcha una siderúrgica de esta magnitud podría retrasar la industrialización por años y afectar la confianza de inversionistas extranjeros.







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