España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El anuncio lo realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el martes 3 de febrero de 2026, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control sobre las plataformas digitales. Según explicó el jefe del Ejecutivo, el objetivo es combatir la desinformación, el odio en línea y la falta de responsabilidad de las grandes tecnológicas.
Un veto legal para proteger a niños y adolescentes
En primer lugar, Sánchez confirmó que el Gobierno impulsará una prohibición legal que limite el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La medida busca reducir la exposición a contenidos nocivos y a dinámicas digitales perjudiciales.
Aunque el presidente no detalló aún los sistemas de verificación de edad, sí avanzó que la restricción se integrará en un marco normativo más estricto. De este modo, España aspira a reforzar la protección de los menores en el entorno digital.
Responsabilidad directa de los directivos de las plataformas
Además del veto por edad, el Ejecutivo endurecerá el régimen de responsabilidades. Sánchez aseguró que los directivos de las plataformas digitales responderán legalmente por las infracciones cometidas en los servicios que gestionan.
Según explicó ante el plenario, el Gobierno quiere evitar la impunidad empresarial. Por ello, las compañías serán responsables de los delitos y vulneraciones legales que se produzcan en sus redes sociales.
La manipulación de algoritmos pasará a ser delito
Por otro lado, el presidente anunció cambios en el ámbito penal. El Gobierno tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación intencionada de contenido ilegal.
Esta medida apunta al núcleo del funcionamiento de las plataformas. Los algoritmos deciden qué contenidos se difunden y con qué alcance, lo que, según el Ejecutivo, puede favorecer la desinformación o el discurso de odio.
Investigación sobre Grok, TikTok e Instagram
En este contexto, Sánchez informó de que el Gobierno estudiará junto a la Fiscalía posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. El análisis se centrará en su papel en la difusión de contenidos ilícitos.
Aunque no se concretaron plazos, el presidente subrayó que la investigación se realizará en coordinación con el Ministerio Fiscal.
Un sistema para rastrear la “huella de odio y polarización”
Asimismo, el Gobierno creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad digital. Esta herramienta permitirá identificar lo que Sánchez denominó una “huella de odio y polarización”.
Gracias a este sistema, el Ejecutivo busca medir el impacto real de determinados contenidos. También facilitará la detección de patrones que puedan derivar en infracciones legales.
Alianza europea para una regulación más eficaz
De forma paralela, España se ha unido a otros cinco países europeos en la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”. El objetivo es avanzar de manera coordinada hacia una regulación más rápida y efectiva de las plataformas sociales.
Según Sánchez, la cooperación internacional resulta clave. Las grandes empresas tecnológicas, recordó, son más ricas y poderosas que muchos Estados.
“Recuperar el control” del espacio digital
Finalmente, el presidente justificó el paquete de medidas con un diagnóstico contundente. Afirmó que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido”, donde se ignoran las leyes y se toleran delitos.
Además, señaló que la desinformación tiene más valor que la verdad y que, según sus datos, la mitad de los usuarios sufre ataques de odio. Por ello, insistió en la necesidad de “recuperar el control” y exigir a las plataformas el mismo cumplimiento normativo que al resto de actores.








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