El Gobierno denunció la toma ilegal de la planta de cemento Ecebol, ubicada en Potosí, por parte de exfuncionarios cuyos contratos eventuales vencieron el 31 de diciembre. La advertencia fue realizada por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), que también reveló irregularidades administrativas y uso indebido de fondos estatales heredados de la gestión anterior.
Según la denuncia oficial, el conflicto se originó por un manejo irregular de fondos del Estado destinados a industrialización. Las autoridades anunciaron acciones legales y descartaron cualquier negociación que implique mantener prácticas fuera de la normativa vigente.
Denuncia por atentado al patrimonio del Estado
El gerente general del Sedem, Roberto Justiniano, calificó la ocupación de la planta como “un atentado al patrimonio estatal”. Señaló que la toma fue protagonizada por personas que conocían el carácter eventual de sus contratos y su fecha de finalización.
Justiniano aclaró que no hubo despidos masivos. Afirmó que las relaciones laborales concluyeron según lo establecido en los contratos, de acuerdo con declaraciones a medios de comunicación.
Fondos de inversión utilizados para gasto corriente
El conflicto también se vincula al uso indebido de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), provenientes del Tesoro General del Estado (TGE). Estos recursos estaban destinados exclusivamente a la construcción e implementación tecnológica de Ecebol.
Justiniano denunció que exautoridades utilizaron estos fondos de inversión para pagar sueldos y planillas operativas. “El préstamo del FINPRO no es para planillas salariales, sino para maquinaria e infraestructura”, afirmó.
Contrataciones fuera del manual de cargos
La denuncia técnica del Sedem revela que, en 2023, el manual de cargos autorizaba un máximo de 15 personas en la etapa de transición de la planta. Sin embargo, se contrataron aproximadamente 80 trabajadores, superando el límite permitido.
Incluso se pagaron salarios a empleados por operar equipos que aún estaban en proceso de ensamblaje e instalación, una práctica prohibida por la normativa vigente.
Allanamiento técnico y observaciones internas
El jefe de la planta, Edson Zárate, informó a Satel de Potosí que se realizó un allanamiento técnico desde La Paz porque la planta no contaba con un MRC aprobado.
El MRC (Manual de Requisitos de Cargos) define el organigrama y los perfiles necesarios para cada puesto. Zárate indicó que este instrumento sí se aplicó en la planta Ecebol de Oruro, pero quedó pendiente en Potosí.
Envío del organigrama al Sedem
Zárate lamentó que exgerentes hayan dejado pendiente la aprobación del MRC. Sin embargo, confirmó que el organigrama fue enviado al Sedem para su evaluación.
La aprobación permitirá contratar personal conforme a la normativa, aunque aún se desconoce el plazo para su validación final.
Gobierno anuncia acciones legales y descarta presiones
El gerente del Sedem aseguró que el Ejecutivo no cederá ante presiones que busquen “perpetuar la ilegalidad”. Confirmó que se iniciarán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones irregulares.
“El objetivo es una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos”, afirmó Justiniano. Reiteró que la defensa del patrimonio estatal es una prioridad del Gobierno.









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