
El vicepresidente Edmand Lara cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por prohibir la reinscripción de candidatos de ADN y UCS para las elecciones subnacionales. A través de un video en redes sociales, convocó a los afectados a reunirse y evaluar acciones legales, al considerar que la decisión tiene un trasfondo político.
La polémica surge tras la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), lo que impide su participación en los comicios subnacionales del 22 de marzo. Lara sostiene que esa medida no debería perjudicar a los postulantes ya inscritos.
Lara acusa decisiones políticas del TSE
El Tribunal Supremo Electoral, órgano encargado de administrar los procesos electorales, resolvió impedir la reinscripción de candidatos vinculados a ADN y UCS. Según Lara, el ente electoral actuó bajo presiones del Gobierno de Rodrigo Paz, por temor a un mal desempeño electoral.
En su mensaje público, el vicepresidente afirmó que la determinación del TSE excede lo técnico y vulnera derechos fundamentales. “El derecho civil y político es constitucional y humano”, sostuvo al llamar a la unidad de los afectados.
El marco legal que invoca el TSE
El TSE respalda su decisión en el artículo 27 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas para subnacionales. La norma establece que las candidaturas inhabilitadas no pueden registrarse nuevamente por otro partido, alianza o la misma organización política, ni en la misma ni en otra postulación.
Bajo ese criterio, la pérdida de personería jurídica de ADN y UCS alcanza también a sus candidatos ya registrados. Por ello, ambas siglas quedan fuera de la contienda del 22 de marzo junto a sus postulantes.
La cancelación de la personería jurídica impide a un partido participar en elecciones y presentar candidaturas. En este caso, la medida afecta directamente a las subnacionales y bloquea cualquier intento de reinscripción por otros frentes.
Llamado a los marginados de las subnacionales
Lara invitó a los candidatos inhabilitados a acudir a la Vicepresidencia para ser escuchados. Anunció que impulsará acciones legales con base en la Constitución Política del Estado y la ley vigente.
El vicepresidente se declaró opositor a la actual administración y afirmó que su ruptura política se consolidó tras el proceso rumbo a las elecciones de agosto. Reiteró que acompañará a los afectados en la defensa de sus derechos.






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