El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La medida responde, según el mandatario, a la falta de colaboración del país vecino en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en la frontera compartida.
“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera de 600 km con Colombia sin cooperación alguna”, declaró Noboa en su cuenta de X, mientras participaba en el Foro Económico Mundial en Davos. El arancel, que comenzará a aplicarse el 1 de febrero, se mantendrá hasta que Colombia se comprometa a actuar conjuntamente en la seguridad fronteriza.
Contexto de la medida: narcotráfico y criminalidad en la frontera
Ecuador y Colombia comparten aproximadamente 600 km de frontera que se extiende desde el Pacífico hasta la Amazonia. En esta zona operan tanto grupos de guerrilla colombiana como organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal.
En 2024, Noboa declaró formalmente la guerra al narcotráfico en su país, responsabilizando a la falta de colaboración colombiana por la continuidad de la violencia en la región fronteriza. Según el presidente, los esfuerzos de Ecuador incluyen operaciones militares directas y coordinación diplomática que hasta ahora no han sido correspondidas por Bogotá.
Impacto económico y comercial
El mandatario señaló que Ecuador mantiene un déficit comercial con Colombia que supera los 1.000 millones de dólares anuales. A pesar de ello, insistió en que su país ha priorizado la cooperación y el diálogo, enfrentando solo la criminalidad en la frontera.
El nuevo arancel del 30% funcionará como una “tasa de seguridad” hasta que exista un compromiso real por parte de Colombia para combatir de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal.
Ecuador en el contexto del tráfico de drogas
Ecuador se encuentra geográficamente entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de cocaína. De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 70% de la droga que transita hacia mercados internacionales —Estados Unidos, Europa y Oceanía— pasa por territorio ecuatoriano.
La medida arancelaria, además de su objetivo de presión diplomática, refleja la creciente preocupación de Quito por controlar el flujo de drogas y los impactos de la criminalidad organizada en su territorio.










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