La IV Cumbre Público-Privada, convocada por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Delegación Defensorial Departamental, resolvió respaldar de forma expresa el proyecto de Ley contra los bloqueos. La decisión busca garantizar la libre circulación, la seguridad jurídica y la protección del aparato productivo en un contexto de crisis económica y alta conflictividad.
El encuentro reunió a actores públicos y privados del departamento, quienes coincidieron en que los bloqueos generan un impacto estructural negativo sobre la economía, el empleo formal y la estabilidad institucional de Cochabamba.
Apoyo unánime al proyecto de Ley Antibloqueos
Durante la Cumbre, las y los participantes expresaron de manera unánime su respaldo al denominado proyecto de Ley Antibloqueos. Según las resoluciones del encuentro, este apoyo se formalizó mediante la presentación de cartas dirigidas a las instancias competentes.
De acuerdo con los participantes, la norma es clave para defender el derecho al trabajo, la producción, el libre tránsito y el orden institucional. El análisis se centró en los efectos económicos y sociales derivados del uso recurrente de bloqueos como mecanismo de presión.
Impacto económico y social identificado con evidencia técnica
El proceso de articulación permitió identificar, con base en evidencia técnica, los daños acumulados que provocan las interrupciones al tránsito. Según lo expuesto en la Cumbre, estos conflictos afectan de forma directa a la producción, el comercio y los servicios.
Las conclusiones señalan una afectación sostenida al empleo formal y un deterioro de la seguridad jurídica. Para los actores reunidos, este escenario limita la inversión y profundiza la crisis económica departamental.
Cuatro cumbres para construir consensos
La IV Cumbre se enmarca en un proceso iniciado en marzo de 2025 y fortalecido en encuentros realizados en junio y octubre del mismo año. A lo largo de sus cuatro versiones, participaron representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno Autónomo Departamental y los gobiernos municipales del eje metropolitano.
También asistieron autoridades de Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Colcapirhua y Vinto, además de asambleístas departamentales, sectores empresariales, el Comité Cívico y profesionales vinculados a la producción y los servicios.
Defensa del derecho constitucional a la libre circulación
En el encuentro se afirmó que Cochabamba enfrenta un desgaste económico significativo por bloqueos impulsados por grupos reducidos. Según las conclusiones, estas medidas vulneran derechos colectivos y afectan al conjunto de la población.
Las y los participantes recordaron que el derecho a la libre circulación está consagrado en la Constitución Política del Estado. En ese marco, pidieron que las instancias competentes garanticen su ejercicio pleno.
Creación del Observatorio Legal y Económico
Durante la Cumbre se destacó la iniciativa de la Delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, que impulsó la consolidación del diálogo interinstitucional. Este trabajo permitió avanzar en la estructuración del Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional.
Según se informó, este observatorio funcionará como una instancia técnica permanente. Su tarea será el seguimiento, análisis y evaluación del entorno legal, económico e institucional del departamento.
Reformas tributarias y laborales en la agenda
La Cumbre también ratificó la necesidad de avanzar en una agenda normativa integral. Esta incluye la actualización de la legislación tributaria y laboral para impulsar la reactivación productiva.
De acuerdo con la FEPC, estas reformas deben apuntar a la formalización empresarial, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad regional. La federación reafirmó su rol articulador para construir consensos y aportar información técnica confiable.








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