El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 entrará en vigencia a partir del martes 2 de enero del próximo año pese a no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), confirmó este domingo el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.
La autoridad mencionó que esta determinación está respaldada en la Constitución Política del Estado que prevé un salida en caso de que la ALP no apruebe el proyecto de ley del PGE, como lo actualmente está ocurriendo; vale decir, se lo da por aprobado.
“La Constitución Política del Estado es clara y establece que la Asamblea tiene alrededor de 60 días para aprobar el presupuesto y en caso de no aprobarse se dará por aprobado, así señala de manera textual la Constitución Política del Estado”, remarcó el ministro.
Recordó que no es la primera vez que se da una situación de estas características, ya ocurrió en 2010 y, por tanto, existe jurisprudencia y se seguirán los mismo procedimientos como en esa ocasión; es decir, se emitirá un Decreto Supremo.
Expertos señalan que esto no implica que deba convertirse el proyecto de ley completo en decreto, sino únicamente la disposición que aprueba el PGE, y tal vez algunas otras en las que no haya un conflicto de atribuciones muy importantes, como los artículos 16 y 17 del proyecto de ley.
Sin embargo, los artículos 5, 6, 9, 12, 13 y algunas adicionales y finales del proyecto que pretenden modificar leyes obviamente no podrían convertirse en disposiciones de un decreto, ya que el Ejecutivo no tiene atribución para modificar leyes ni el decreto la jerarquía para hacerlo. Lo propio ocurre con los incentivos tributarios, dado que estos tienen reserva de ley.
Asimismo, en el proyecto del ley del PGE existen disposiciones de autorización y de aprobación que son de atribución del Legislativo, como los que buscan endeudar al país o aprobar los instrumentos modificatorios de contratos de préstamos. Estas decisiones no tienen una previsión constitucional para que el Ejecutivo actúe en caso de que el Legislativo no autorice o apruebe. Por lo mismo, tales decisiones tampoco podrían ser dispuestas por el Ejecutivo mediante decreto, ya que requieren necesariamente ser autorizadas o aprobadas por la ALP.