Los gobiernos de Bolivia y Argentina firmaron este jueves una Carta de Intenciones, representando el inicio de la implementación del Plan “Frontera Segura” para luchar de forma conjunta contra la trata y tráfico de personas.
De la firma de este documento participaron el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección General de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, el “Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas” de la República de Argentina y la Policía Boliviana.
El gobierno argentino, en un informe de trata y tráfico de personas de la gestión 2022 señala que se notificó que había 635 víctimas mujeres, 542 víctimas hombres y 5 víctimas transgénero; 59 de las víctimas eran niñas o niños; al menos 28 víctimas identificadas tenían algún tipo de discapacidad; y más del 75% de las víctimas identificadas en 2022 eran argentinas; también se identificaron víctimas extranjeras de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Marruecos, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay y Venezuela.
En Bolivia, la Ley 263 de 2012-Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas- tipificó como delito la trata laboral y algunas formas de trata sexual a través de reformas al Código Penal de Bolivia y estableció penas de 10 a 15 años de prisión por trata de adultos y de 15 a 20 años de prisión por trata de menores.
Los tratantes continúan usando las redes sociales como la principal herramienta de reclutamiento, atrayendo a personas vulnerables con oportunidades de empleo fraudulentas y luego explotándolas en trabajos forzados o trata sexual.