

Creyendo estar liberado del gobierno de Luis Arce y siguiendo la línea de campaña de mostrarse ajeno a la debacle económica, política y social causada por la administración a la que perteneció desde el inicio, el ahora candidato presidencial del MAS confesó por qué un régimen que controla casi todos los órganos de poder, los mandos militares y policiales, el Ministerio Público, los sectores sociales afines y un partido político aún imbatible ha quedado arrinconado por las “fuerzas oscuras” del Chapare.
Entrevistado la noche del domingo 15 de junio por la red Bolivisión, Eduardo del Castillo no lo pensó dos veces y respondió que su gobierno tuvo “aciertos, pero también muchos desaciertos” en varias áreas desde el 8 de noviembre de 2020. Cuando se le consultó cuál fue el peor desacierto del equipo comandado por el presidente, reconoció que fue no haber tomado decisiones en el momento preciso. “Hay tiempos en política y en la gestión de gobierno en los que muchas decisiones debieron tomarse oportunamente”, afirmó el joven postulante oficialista.
En 2023, un grupo de asesores extranjeros presentó a Arce y su entorno de confianza una estrategia política e institucional que pasaba por la caída definitiva de Evo Morales, identificado entonces como el principal enemigo del gobierno, y por el relanzamiento integral de la gestión de Arce, dadas las intenciones reeleccionistas del arcismo y el apoyo que podría conseguirse de los regímenes y personalidades del denominado socialismo del siglo XXI.
La estrategia fue el resultado de la elaboración e interpretación de una batería de encuestas realizadas por empresas nacionales y extranjeras, la sistematización detallada de casos abiertos o por abrir contra el caudillo y la prospectiva de lo que podría hacerse desde el gobierno, tomando el Bicentenario de la fundación de la República como hito de corto plazo. Tras varias reuniones, análisis de coyuntura, debates internos, consultas a los asesores y recopilación de expedientes, los ejes paralelos buscaban allanar la reelección autorizada por la Constitución.
Todo estaba listo para cercar y derrotar a Morales con casos de pedofilia, corrupción, narcotráfico y despilfarro de recursos públicos, entre otros. La ofensiva estaba preparada y los misiles esperaban que se apretara el botón rojo para impactar sobre el caudillo, exautoridades del régimen de 14 años y dirigentes allegados al poder (2006-2019). Esto debía dar paso al relanzamiento de la gestión gubernamental a partir del 6 de agosto de 2023.
Había que apurarse, porque en el primer trimestre de 2022 comenzaron a desaparecer los dólares del sistema financiero con la aprobación de un tipo de cambio especial para los exportadores que, en los hechos, inauguró el mercado paralelo de la divisa estadounidense, casi 40 años después de estabilidad monetaria.
¿Qué pasó con la estrategia? No pasó nada. El principal interesado pidió esperar, según relatan quienes pertenecen al núcleo de poder. ¿Por qué esperar? Aparentemente, porque había un resquicio para negociar con Morales y el evismo para que iniciaran una retirada ordenada. ¿Ingenuidad política o miedo al exjefe? Parece que fue una mezcla de ambos y un excesivo cálculo sobre los costos políticos para el presidente. Se dejó pasar la oportunidad.
No haber activado el primer eje “oportunamente” generó disputas y discusiones subidas de tono entre los allegados a Arce, mientras Morales y los suyos arremetían con denuncias y acusaciones de corrupción que tocaron a la familia presidencial, protección al narcotráfico e incapacidad para resolver las crisis monetaria, alimentaria, energética, judicial, institucional y moral. Quienes debían haber tomado la iniciativa se vieron contra las cuerdas por esperar una negociación que no dio, ni iba a dar, los resultados esperados.
Con Morales convertido en una dolorosa piedra en el zapato, la inocultable incapacidad del gobierno para resolver algunas facetas de la crisis integral que flagela al país y un 1% o 2% de preferencia electoral —algo inédito en la región—, el presidente declinó buscar la reelección vía voto popular y, según el ahora candidato presidencial por el MAS, también renunciará a postularse como senador por La Paz. ¿Quedará Arce condenado a la intrascendencia política?
No. No hay que equivocarse. Si bien cometió un gran desacierto al no activar la doble estrategia presentada por asesores extranjeros para deshacerse de Morales y relanzar su gestión, nunca abandonó el plan prorroguista mediante acciones judiciales destinadas a dar un nuevo golpe a la democracia.
Si Morales la golpeó con el grosero fraude electoral de 2019, ahora se busca hacerlo teniendo a una justicia corrupta —sin generalizar, por supuesto— como as bajo la manga para que Arce se mantenga en el poder, independientemente de las elecciones del 17 de agosto.
No otra cosa significa la conspiración puesta en marcha para destituir a magistrados del Órgano Judicial, elegidos en los comicios judiciales de diciembre de 2024, con fallos amañados, a fin de crear la “jurisprudencia necesaria” para desconocer al futuro presidente y vicepresidente elegidos en primera o segunda vuelta, en agosto u octubre de este año.
Te pregunto: ¿cuál crees que ha sido el peor desacierto? ¿No haber tomado decisiones oportunamente? ¿Pretender prorrogarse a como dé lugar, al margen de las elecciones? Estoy imaginando tu respuesta.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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