Hace unas semanas, viví en carne propia lo absurdo del sistema bancario tradicional. Mi tarjeta de débito había vencido y, aunque casi no la uso, un comercio me exigió una física para pagar. “Fácil”, pensé. “Paso por el banco, la renuevo y listo”. Qué ingenuidad la mía.
Fui a la sucursal, esperé mi turno y expliqué mi caso. Pero no. No podían darme una nueva tarjeta en ese momento. ¿La razón? Debían enviar un correo para solicitar una autorización. ¿Autorización para qué? ¡Era mi dinero! Aun así, me pidieron que esperara una llamada.
Pasaron los días. Finalmente, sonó el teléfono, pero no era para decirme que mi tarjeta estaba lista. No. Me avisaron que me enviarían un correo… para pedirme más información. Tenía 72 horas para responder.
Cuando llegó ese correo, apenas podía creerlo. Me pedían todo: mi actividad económica, mis ingresos, mis relaciones comerciales, detalles en dólares sobre movimientos de una cuenta que ni siquiera identificaron correctamente. Todo esto, solo para reponer una simple tarjeta de débito.
Ese día entendí —no por primera vez, pero sí con más claridad— por qué las FinTech no son solo una alternativa: son una necesidad.
Recordé la historia de Nubank y las trabas que enfrentó David Vélez en el cerrado sistema financiero brasileño. Su frustración se convirtió en un motor de cambio. Como él, muchos hemos decidido dejar de depender de instituciones que, bajo el pretexto de seguridad y normativas contra el lavado de dinero, controlan y complican el acceso a nuestros propios recursos.
Ahí es donde las FinTech brillan. No solo prometen una experiencia diferente: la cumplen. Son empresas que entienden al usuario moderno: digital, autónomo, cansado de filas, firmas y autorizaciones absurdas. Su propuesta es clara: reducir la fricción, simplificar lo complejo y, sobre todo, devolverte el control.
Y ahora, en Bolivia, por fin hay una señal concreta de que el cambio es posible. En noviembre de 2023, se modificó la Ley de Servicios Financieros. El 7 de mayo de 2025, se aprobó el Decreto Supremo 5384, que establece el marco legal para las Empresas de Tecnología Financiera (ETF).
Es la primera vez que el país reconoce oficialmente a las FinTech. Estas empresas, ya sean privadas, públicas o mixtas, podrán operar legalmente en los ámbitos de servicios financieros, valores y seguros, bajo la supervisión de la ASFI, que tiene 40 días para emitir la reglamentación correspondiente.
Se abren las puertas a modelos innovadores: blockchain, activos digitales, pagos electrónicos, financiamiento colaborativo y más, reconociendo categorías como:
– Activos Tokenizados
– Activos Virtuales
– Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
– Pagos digitales
– Plataformas de financiamiento
– Tecnologías empresariales aplicadas al sistema financiero
Incluso se incorpora un Sandbox Regulatorio: un entorno controlado para que estas empresas prueben soluciones reales con usuarios reales, bajo una supervisión flexible. Una idea moderna para tiempos modernos.
Mientras en otros países se pueden abrir cuentas en línea con procesos modernos de verificación de identidad KYC (Know Your Customer) y autenticación en dos pasos (2FA), aquí seguimos lidiando con una burocracia que tiene un alto costo, no solo en tiempo, sino en una ineficiencia que raya en lo absurdo.
Pero el cambio ya está en marcha. La burocracia tiene los días contados. Las FinTech no son el futuro: son el presente que golpea fuerte a la puerta. Esperemos que el gobierno no frustre esta oportunidad con una reglamentación que, en lugar de abrir puertas, imponga trabas al funcionamiento.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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