

Las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca y Pando se posicionaron como las más eficientes en la ejecución de sus presupuestos durante 2024, superando el 90% de los recursos asignados, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía. Estos departamentos sobresalen en contraste con otras regiones, como Potosí, que apenas alcanzó el 72,83% de ejecución, el nivel más bajo del país.
La Paz lideró entre las gobernaciones con un presupuesto de 1.822,2 millones de bolivianos, de los cuales ejecutó el 93,62%. Le siguió Chuquisaca, que con 970,4 millones de bolivianos alcanzó el 93,67%, mientras que Pando utilizó el 91,66% de sus 289 millones asignados. Estos resultados evidencian una gestión destacada en el uso de fondos públicos, frente a las disparidades observadas en otras regiones.
A nivel municipal, las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Sucre también marcaron la pauta. La Paz ejecutó el 94,86% de sus 1.823 millones de bolivianos, Cochabamba llegó al 92,77% y Sucre al 90,17%. En cambio, municipios como Potosí y Tarija no superaron el 70%, reflejando desafíos persistentes en la administración local.
Alfonso Lema, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), atribuyó estas diferencias a factores tanto internos como externos. “La ejecución no solo depende de la eficiencia administrativa, sino también de la reducción de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de la irregularidad en las transferencias de recursos. Cada municipio enfrenta una realidad distinta: algunos priorizan obras, otros saldan deudas”, explicó.
Por su parte, José Carlos Campero, secretario Ejecutivo Municipal de La Paz, destacó las innovaciones en la gestión como clave del éxito paceño. “Hemos optimizado procesos, agilizado el gasto y reorientado fondos hacia obras y servicios esenciales, logrando un récord histórico en ejecución presupuestaria”, afirmó.
Estos resultados no solo reflejan la capacidad de gestión de gobernaciones y municipios, sino también su impacto directo en la mejora de infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, el panorama para 2025 plantea retos significativos: mantener estos niveles de eficiencia en un contexto de menores ingresos y crecientes demandas, especialmente en un año electoral que podría influir en las prioridades de gasto.
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