La audiencia de medidas cautelares de la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) fue suspendida hasta el 2 de diciembre. La Justicia determinó que la exautoridad debe ser sometida a un juicio penal, porque no le corresponde un juicio de responsabilidades.
El abogado de defensa de la exgobernante, Luis Guillen, indicó que recusaron a la autoridad jurisdiccional e insistió en que la exsenadora debe ser juzgada por en un “juicio de responsabilidades”.
“Se ha pretendido instalar la audiencia dentro del caso EBA por parte del juez, han existido varios conflictos, lo cual ha llevado a la suspensión. El primero es una recusación que hemos interpuesto en contra de la autoridad judicial”, indicó el jurista en entrevista con la televisora DTV.
Un día antes, el equipo jurídico de la exsenadora presentó un amparo constitucional en contra de la resolución judicial de la Sala Penal Segunda de La Paz que señala que el juzgamiento en el caso EBA sea sin privilegios y por la vía ordinaria.
La Fiscalía imputó formalmente a Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales y pide su detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
En este caso, se investiga la designación ilegal de una gerente de EBA que, presuntamente, no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. El hecho ocurrió entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, durante el gobierno de Áñez.
Según las pesquisas, la prima de Jeanine Áñez, Karina Leiva Áñez, no cumplía requisitos para el alto cargo al que le asignaron, como una licenciatura.