Bolivia se ha convertido en un centro de operaciones de organizaciones criminales transnacionales, con presencia de grupos de México, Brasil, Perú y Colombia, advirtió Mónica Mendoza, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). La expansión coincide con un aumento de los asesinatos por encargo y los cultivos de coca.
Las organizaciones extranjeras operarían con el apoyo de grupos locales, en un escenario que refleja la creciente complejidad del narcotráfico en el país, explicó Mendoza en una entrevista con EFE.
Entre las estructuras identificadas figuran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), de Brasil; además de grupos criminales peruanos y colombianos.
Violencia criminal
El aumento de los asesinatos por encargo refleja, según Mendoza, disputas entre organizaciones por el control territorial. Estos hechos se han repetido en zonas fronterizas con Brasil, donde el Gobierno desplegó militares y unidades especializadas para reforzar la seguridad.
La expansión criminal coincide con el crecimiento de los cultivos de coca. El último informe de la Unodc, presentado en septiembre, registró un incremento del 7 %, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.
Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en superficie cultivada de coca, detrás de Colombia y Perú, de acuerdo con los datos citados por el organismo.
Respuesta integral
Mendoza advirtió que el narcotráfico converge con otras actividades ilícitas, como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal. También alertó sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones judiciales y su relación con redes de corrupción.
La captura del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y enviado a Estados Unidos, evidenció, a juicio de Mendoza, la dimensión de las operaciones criminales en Bolivia. La representante vinculó ese hecho con el fin de una etapa de relativa calma entre organizaciones que mantenían distribuidas sus rutas y territorios.
La funcionaria planteó perseguir las finanzas y las capacidades operativas de estas redes, aprobar normas contra el lavado de dinero y la extinción de dominio, y aumentar las sentencias judiciales por narcotráfico.
El Gobierno de Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional y reanudó la cooperación con la agencia antidrogas estadounidense DEA, expulsada en 2008 durante la presidencia de Evo Morales.








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