El Ejército boliviano presentó este viernes una denuncia penal contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por su presunta responsabilidad en las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en instalaciones militares de Viacha, donde murieron varias personas y se registraron importantes daños materiales.
El comandante general del Ejército, Héctor Alarcón, informó que la denuncia atribuye a Novillo los presuntos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes. Según la institución militar, el entonces ministro recibió previamente un informe técnico que advertía sobre el deterioro y los riesgos asociados al material almacenado en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”.
La denuncia no implica una determinación de responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y establecer si existió una relación entre las actuaciones u omisiones atribuidas al exministro y las muertes provocadas por las explosiones, aclaró el jefe militar en conferencia de prensa.
Explosiones en Viacha
Las detonaciones se produjeron el 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, a unos 30 kilómetros de La Paz.
Los primeros reportes oficiales dieron cuenta de dos personas fallecidas, 14 desaparecidas y decenas de heridas. La onda expansiva también afectó viviendas próximas al recinto militar y obligó a desplegar equipos de emergencia en la zona.
La cifra de víctimas aumentó durante los días posteriores. Para el 7 de septiembre, el Comando General del Ejército reportó nueve personas fallecidas.
Las autoridades señalaron inicialmente que las explosiones se produjeron en un sector donde se almacenaba material pirotécnico. Sin embargo, la causa del siniestro quedó sujeta a investigación.
Informe previo alertó del riesgo
Según Alarcón, el 25 de septiembre de 2025 Novillo recibió un informe técnico elaborado por el comandante del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico.
El documento advertía sobre el deterioro físico y químico del material almacenado. Entre los problemas identificados figuraban embalajes deteriorados, alteraciones en los compuestos, presencia de residuos y humedad interna.
El informe, de acuerdo con la versión expuesta por el comandante del Ejército, consideraba que el material presentaba condiciones de inestabilidad y podía representar un riesgo de incendio accidental, además de provocar daños materiales, lesiones y pérdidas humanas.
Entre las medidas recomendadas se encontraban la desactivación del material, su incineración bajo supervisión especializada o su traslado a otras instalaciones.
Ejército apunta a posibles omisiones
La denuncia sostiene que no se habrían adoptado oportunamente las medidas recomendadas en el informe técnico. Para el Ejército, esa presunta falta de acciones constituye uno de los elementos que deben ser investigados para determinar si existió responsabilidad por las consecuencias del siniestro.
El delito de homicidio culposo fue incluido en la denuncia en relación con la presunta omisión de medidas de seguridad que, según la institución, pudieron haber evitado la muerte de integrantes del Ejército.
En cuanto al presunto incumplimiento de deberes, la acusación se vincula con la recepción del informe técnico y las actuaciones posteriores atribuidas al entonces ministro de Defensa.
Alarcón señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar si las advertencias contenidas en el informe guardan relación causal con las explosiones y de establecer, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.
El Ejército anunció que proporcionará la documentación disponible y colaborará con la investigación.



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