Transportistas y organizaciones indígenas se movilizaron en la capital de Guatemala para rechazar el encarecimiento de los combustibles y exigir medidas de fondo frente al impacto económico que, aseguran, enfrenta la población por el aumento de los costos de transporte y alimentos.
Las concentraciones se desarrollaron en los alrededores del Congreso de la República y del Palacio Nacional de la Cultura. La protesta cobró fuerza después de que el Legislativo aprobara un subsidio de 1.500 millones de quetzales, equivalente a unos 324 millones de dólares, destinado a mantener precios de referencia para el diésel y la gasolina regular hasta el 31 de diciembre.
Aunque la iniciativa busca contener los efectos de la volatilidad internacional, los sectores movilizados consideran que la medida no responde a los problemas estructurales que afectan a los hogares más vulnerables.
Impacto económico
La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, de la coalición Winaq-URNG, señaló que el aumento de los combustibles repercute con especial intensidad en comunidades indígenas y familias de bajos ingresos.
La legisladora sostuvo que el encarecimiento del transporte incrementa los costos de distribución de mercancías y termina reflejándose en el precio de los productos de la canasta básica.
También advirtió que Guatemala enfrenta una situación de dependencia de combustibles refinados importados, lo que expone al país a las fluctuaciones del mercado internacional.
Reclaman soluciones
Gutiérrez Raguay consideró que el subsidio aprobado constituye una respuesta temporal que no modifica las causas del problema energético. A su juicio, el país debe avanzar hacia un modelo que reduzca su vulnerabilidad frente a factores externos y garantice mayor sostenibilidad.
La parlamentaria añadió que las dificultades derivadas del alza de combustibles coinciden con riesgos para la seguridad alimentaria asociados a eventos climáticos extremos vinculados al fenómeno de El Niño, situación que afecta especialmente a las áreas rurales.
Asimismo, destacó el papel de organizaciones como los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá en la articulación de demandas comunitarias. Según expresó, la presencia de movimientos sociales y pueblos originarios en el espacio público busca impulsar respuestas integrales frente a problemas económicos y sociales que afectan a amplios sectores de la población.






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