El Gobierno anunció que someterá a una auditoría los sistemas informáticos y mecanismos de control de la ANH para detectar fallas en la fiscalización de combustibles, revisar su trazabilidad y fortalecer las herramientas de supervisión.
La revisión incluirá los procesos vinculados con la importación de combustibles y la verificación de certificaciones de calidad. También se evaluará al personal de la institución para establecer si cumple con los perfiles técnicos requeridos.
La viceministra de Hidrocarburos y Energías, Tatiana Genuzio, señaló que durante el seguimiento realizado a la entidad se detectaron deficiencias en sus labores de regulación, fiscalización y control.
Sistema B-Sisa
Uno de los principales puntos de la auditoría será el B-Sisa, que actualmente utiliza, según Genuzio, apenas el 20% de las funciones disponibles.
El Gobierno pretende habilitar sus principales herramientas para controlar la venta de combustibles en estaciones de servicio y monitorear la frecuencia de carguío. La autoridad considera que un uso más amplio permitiría detectar posibles casos de acopio y desvío.
La revisión también alcanzará la coordinación entre la ANH y YPFB para cruzar información sobre importación, distribución y comercialización de combustibles. Genuzio señaló que esa interrelación no funcionaba adecuadamente.
Además, fueron identificados puntos estratégicos donde no se habría efectuado el control correspondiente. La autoridad anunció cambios de personal en algunas distritales.
La intervención de la ANH se activó mediante el Decreto Supremo 5699 después de varios meses de seguimiento, reuniones e instrucciones que, según Genuzio, no fueron cumplidas.
Evaluación del personal
La revisión determinará si los funcionarios cumplen los perfiles técnicos exigidos y examinará la existencia de mecanismos que permitan reducir la discrecionalidad en distintas áreas.
Genuzio, entrevistada por red Uno, informó que ya se presentaron denuncias por las irregularidades detectadas. Si existen indicios de daño económico, la Contraloría y el Ministerio Público deberán establecer responsabilidades y sanciones.
La comisión interventora dispone de hasta 30 días para elaborar un plan de trabajo. La intervención tendrá una duración prevista de 180 días, con posibilidad de ampliarse por otros 90.
En paralelo, el Gobierno busca facilitar gradualmente la participación privada en la importación de combustibles y reducir la concentración de esta actividad en YPFB. Para ello, prevé agilizar los procedimientos de habilitación de importadores, considerados demasiado extensos por Genuzio.
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