Los sectores productivos reunidos en Warnes resolvieron exigir la abrogación del DS 5676 y solicitar una Asamblea de la Cruceñidad. La decisión mantiene abierta la disputa por el precio del diésel para grandes consumidores, pese a la propuesta gubernamental de modificar su reglamentación.
La resolución será remitida al Comité pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, consideró válido el pedido y señaló que el directorio evaluará convocar a la Asamblea si el decreto no es abrogado hasta el domingo 30 de agosto.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió que la organización acudirá a esa instancia para definir las próximas acciones del sector productivo cruceño.
DS 5676 enfrenta rechazo de los sectores productivos
Durante la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, planteó modificar la reglamentación y disposiciones complementarias, pero los representantes rechazaron esa alternativa y mantuvieron su exigencia de eliminar la norma.
Justiniano reconoció que Bolivia enfrenta desde hace tiempo problemas de disponibilidad de combustible. Atribuyó la crisis a la disponibilidad de recursos y a las distorsiones provocadas por la existencia de distintos precios para un mismo producto.
También alertó sobre incentivos para el contrabando, la especulación y la reventa derivados de los precios diferenciados. La autoridad señaló además problemas de corrupción en la cadena de comercialización y anunció acciones para desmantelar esas estructuras.
Protestas por el diésel se extienden
El conflicto involucra a al menos nueve sectores productivos y del transporte. En Beni continúa un bloqueo indefinido en el puente San Pablo, mientras quinueros de Oruro y Potosí realizaron tractorazos y establecieron un ultimátum.
En Guarayos se movilizaron arroceros y campesinos. En Yapacaní, las protestas quedaron temporalmente suspendidas tras un compromiso oficial de presentar una propuesta en 48 horas.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, descartó la abrogación del DS 5676 y sostuvo que el Gobierno solo analiza ajustes regulatorios. En la carretera al Beni tampoco avanzó el diálogo con productores de arroz que reclaman la anulación de la norma.
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