
El Gobierno inició una reestructuración de YPFB y otras entidades del sector hidrocarburífero tras denuncias de presuntos hechos de corrupción. La medida incluye investigaciones administrativas, patrimoniales y penales, además de una revisión integral de los procedimientos internos para fortalecer los controles y establecer responsabilidades.
El plan contempla la revisión de procesos en toda la cadena de hidrocarburos y la contratación de empresas internacionales para apoyar la reestructuración institucional. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, señaló que las acciones buscan desarticular presuntas estructuras de corrupción detectadas a partir de denuncias y operativos recientes.
La autoridad advirtió que los casos de cobros indebidos verificados derivarán en sanciones administrativas inmediatas y, cuando corresponda, en denuncias ante el Ministerio Público. También precisó que la investigación alcanzará a YPFB y a otras instituciones vinculadas al sector.
Reestructuración de YPFB bajo supervisión
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, informó que la empresa conformó un equipo multidisciplinario que dependerá de la Presidencia Ejecutiva. El grupo revisará procesos de comercialización, facturación, sistemas y procedimientos operativos con el acompañamiento de la Dirección de Transparencia y la supervisión del Viceministerio de Justicia.
El trabajo permitirá definir responsabilidades y establecer si corresponde impulsar procesos penales, sumarios administrativos o modificaciones en los procedimientos internos. La estatal prevé difundir de forma periódica los avances de la investigación.
Denuncias de corrupción
Las autoridades reportaron denuncias sobre presuntos cobros irregulares para autorizar volúmenes de combustible, despachos preferenciales, emisión de licencias para estaciones de servicio y posibles omisiones de unidades de transparencia.
Como parte de la estrategia, YPFB habilitará una plataforma digital para que productores, transportistas, consumidores y ciudadanos reporten presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles. Cada denuncia será evaluada por un equipo especializado y canalizada, mediante el Viceministerio de Justicia, para su investigación.
El Gobierno también anunció investigaciones patrimoniales y financieras contra las personas que sean identificadas durante el proceso. Las autoridades aclararon que los nombres no serán difundidos mientras las denuncias no sean formalizadas ante el Ministerio Público.





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