La explotación ilegal de oro en Bolivia moviliza alrededor de 4.000 millones de dólares al año y pasó de ser un riesgo emergente a una amenaza para la seguridad nacional, debido a sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilícitas, según un informe de la Fundación Milenio.
El estudio estima que cerca del 80% de la minería informal del país está vinculada a la extracción de oro y que entre 500.000 y un millón de personas participan, de manera directa o indirecta, en esa actividad. Los principales focos se concentran en la Amazonía, especialmente en el norte de La Paz, Beni y Pando.
Explotación ilegal de oro amplía redes criminales
El informe advierte que la actividad aurífera ilegal mantiene conexiones con el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas. También registra un aumento de la trata y tráfico de personas en campamentos y poblaciones mineras de la región amazónica.
La investigación identifica a cooperativas mineras entre los principales actores del sector informal. En algunos casos, emplean métodos de extracción que afectan ríos y ecosistemas, además de generar conflictos con empresas que operan legalmente.
La bonanza del oro atrajo a ciudadanos de China, Brasil, Colombia y Perú, quienes establecen vínculos con cooperativas y actores locales. El documento alerta sobre el ingreso de capitales extranjeros que aprovechan debilidades institucionales para obtener beneficios económicos.
Fundación Milenio plantea fortalecer el control estatal
El reporte señala que las zonas auríferas se convirtieron en escenarios de disputa por el control de los yacimientos entre traficantes, cooperativas y comunidades. Esa situación puede derivar en hechos violentos y limitar el ingreso de fuerzas policiales y militares, con efectos sobre la soberanía e integridad territorial.
Frente a ese escenario, la Fundación Milenio considera que el crecimiento de la economía ilegal del oro, impulsado por los elevados precios internacionales, podría superar la capacidad de respuesta del Estado sin una estrategia integral. Entre las medidas propuestas figuran reforzar la fiscalización minera, controlar los flujos financieros ilícitos, combatir la corrupción, ampliar la cooperación internacional y fortalecer las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado.
El informe concluye que, sin una respuesta coordinada, la explotación ilegal de oro continuará consolidándose como una economía criminal paralela, con capacidad para debilitar las instituciones y fortalecer otras actividades delictivas.
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