
La Asamblea Legislativa reanudará esta semana sus sesiones ordinarias con el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 como principal punto de agenda. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora será analizada por el Senado para definir recursos destinados a inversión pública, programas sociales y el funcionamiento institucional durante el segundo semestre.
Tras el receso parlamentario desarrollado entre el 6 y el 20 de julio, ambas cámaras retomarán sus actividades conforme al calendario legislativo. Durante ese periodo únicamente operó una comisión de emergencia encargada de atender asuntos urgentes.
Senado definirá el futuro del PGE Reformulado
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto el 4 de julio y remitió la propuesta al Senado para su debate. Legisladores consideran que la aprobación permitirá ejecutar proyectos contemplados para la presente gestión.
La diputada Claudia Bilbao (PDC) planteó que el presupuesto sea el primer tema en agenda al regreso del receso, al sostener que su aprobación permitirá movilizar recursos destinados a distintas inversiones.
Por su parte, el diputado Alejandro Reyes advirtió que un eventual rechazo mantendría vigente el presupuesto aprobado durante la administración anterior. En su criterio, ello impediría aplicar la nueva orientación económica prevista por el Gobierno y postergaría las reformas planteadas para la gestión.
Cambios previstos en la propuesta presupuestaria
El proyecto incorpora una exención de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cinco años, para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales dirigidos a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.
También contempla anticipos financieros para entidades territoriales autónomas, el uso de saldos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, ajustes relacionados con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), mecanismos para reorganizar o liquidar empresas públicas, el cierre de fideicomisos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Además, establece medidas de disciplina fiscal y transparencia, crea programas de saneamiento financiero para gobiernos subnacionales y modifica el artículo 115 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para reforzar el control de las asambleas legislativas departamentales sobre el uso de los recursos públicos. La propuesta dispone, asimismo, que la deuda flotante y la deuda no registrada no superen el 5% del gasto ejecutado y prevé acciones legales cuando se identifiquen gastos sin respaldo financiero.




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