La Fiscalía confirmó que seis personas son investigadas por los presuntos delitos cometidos durante los bloqueos de carreteras, luego de la detención preventiva del dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar. El Ministerio Público informó que prepara la toma de declaraciones de los implicados y descartó, por ahora, nuevas órdenes de aprehensión.
El fiscal Walter Lora informó que la comisión de fiscales elabora el cronograma para recibir las declaraciones informativas de los investigados. Precisó que la investigación continúa en desarrollo y que las siguientes actuaciones dependerán del avance de las diligencias.
Entre los investigados figura el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. Lora indicó que todavía no existe una fecha definida para su comparecencia, debido a que la comisión de fiscales e investigadores continúa coordinando esa actuación.
Fiscalía mantiene abierta la investigación
El Ministerio Público presentó la imputación formal contra Salazar por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra los servicios públicos y atentados contra los medios de transporte.
El dirigente fue aprehendido el sábado durante un operativo policial ejecutado en la zona Ciudad Satélite de El Alto. Posteriormente, un juez dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de Chonchocoro.
Lora explicó que la medida cautelar se sustentó en elementos que permiten establecer la probabilidad de autoría y en la existencia de riesgos procesales. Entre ellos mencionó observaciones sobre el domicilio acreditado por el imputado y registros de viajes realizados a Perú.
Pruebas que respaldan la imputación
Según la Fiscalía, entre los elementos reunidos durante la investigación figuran declaraciones públicas atribuidas a Salazar durante el conflicto, en las que convocaba a instalar y mantener los bloqueos de carreteras.
La investigación también incorpora información sobre los perjuicios ocasionados por las movilizaciones y un registro preliminar de 14 personas fallecidas, cuya vinculación con el caso aún deberá ser corroborada mediante otros informes, incluido uno elaborado por la Defensoría.
Lora señaló que la decisión de recluir a Salazar en Chonchocoro fue asumida por la autoridad judicial, que además consideró que otro de los coinvestigados, Justino Apaza, permanece con detención preventiva en el penal de San Pedro dentro de la misma causa.
Sobre la declaratoria de emergencia de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, que exige la liberación de Salazar y el cese de las investigaciones contra los dirigentes, el fiscal indicó que se trata de un pronunciamiento y que su eventual incidencia será evaluada conforme avance el proceso.







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