
El grupo peruano Gloria confirmó que pagó 200.000 euros al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una negociación vinculada a Soboce, pero rechazó que esa contratación buscara influir en procesos de la Justicia boliviana o ejercer presión sobre autoridades judiciales.
Gloria informó a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú que contrató a Rodríguez Zapatero para facilitar gestiones orientadas al pago de la indemnización que, según sostiene, sigue pendiente desde hace 16 años por la expropiación de las acciones que Soboce tenía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
La empresa señaló que la participación del exjefe del Gobierno español se limitó a reuniones con representantes del Estado boliviano para promover un acuerdo sobre esa compensación. Añadió que esas gestiones no prosperaron y que la deuda continúa sin resolverse.
Pago a Zapatero y posición de Soboce
En el mismo documento, Gloria rechazó las versiones que atribuyen a Rodríguez Zapatero una intervención destinada a influir en procesos judiciales abiertos en Bolivia. La compañía sostuvo que esa interpretación carece de fundamento y negó que el encargo incluyera acciones para alterar el curso de la justicia.
Soboce reforzó esa posición en una carta dirigida al ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza. Allí manifestó que ninguna actuación institucional de la empresa tuvo como objetivo presionar, interferir o distorsionar las causas judiciales vigentes, al considerar que esos procesos son independientes del reclamo por la indemnización.
Investigación en España y antecedentes del caso
La empresa recordó que, mientras reclamaba el pago por la expropiación, enfrentó una demanda por competencia desleal que concluyó con una condena de 744 millones de bolivianos. A juicio de Soboce, esa situación ha impedido avanzar en la compensación que reclama al Estado boliviano.
El pronunciamiento de Gloria se conoció después de que trascendiera que la Audiencia Nacional de España investiga a Rodríguez Zapatero dentro del caso Plus Ultra. Además, la Policía española sostiene que existen indicios de que los pagos de 200.000 euros, realizados entre 2024 y 2025, habrían buscado favorecer los intereses del Grupo Gloria ante autoridades bolivianas y plantea la hipótesis de contratos de asesoría presuntamente simulados para justificar esos desembolsos.




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