El Consejo de la Magistratura anunció una fiscalización al proceso que derivó en el fallo favorable a Soboce, luego de que una investigación en España revelara presuntas gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vinculadas al caso. La revisión buscará establecer si existieron irregularidades en el procedimiento judicial.
Según informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, la institución realizará un levantamiento técnico sobre las actuaciones de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La decisión surge después de que se conocieran en España antecedentes relacionados con supuestas influencias para favorecer a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Spencer señaló que las áreas de Control y Fiscalización, junto con la Unidad de Transparencia, evaluarán el desarrollo del proceso para determinar posibles responsabilidades. También indicó que, si corresponde, podrían impulsarse acciones penales una vez concluida la revisión técnica.
Fiscalización del fallo de Soboce y revisión del procedimiento
El caso se originó por una demanda de Fancesa contra Soboce por competencia desleal. De acuerdo con los antecedentes judiciales, en febrero de 2025 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia confirmó una sentencia que ordenaba a Soboce pagar 744.315.432 bolivianos a Fancesa.
Posteriormente, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió una acción de amparo presentada por Soboce. Esa resolución dejó sin efecto la sentencia y el pago dispuesto, aunque la definición final corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Investigación sobre Zapatero y presuntas gestiones
Según una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por gestiones realizadas ante el gobierno del expresidente Luis Arce y otras autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce.
De acuerdo con la investigación, entre los contactos mencionados figuran la exministra de la Presidencia María Nela Prada y la exembajadora de Bolivia en España Carmen Almendras. La UDEF también sostuvo que los pagos se realizaron mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research.
Spencer aclaró que la intervención del Consejo de la Magistratura no tiene el objetivo de anular ni revisar la resolución judicial, sino de verificar si el procedimiento que condujo al fallo se desarrolló conforme a la normativa.



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