Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco entidades estatales cubanas y una persona vinculada a la familia de Raúl Castro. La medida refuerza la presión de Washington sobre La Habana y se produce días después de que el Gobierno cubano presentara un amplio paquete de reformas económicas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó las sanciones mediante un mensaje en redes sociales y cuestionó las prioridades del Gobierno cubano. Según declaró, el conglomerado Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), bajo control militar, concentra recursos que, a juicio de Washington, son utilizados para sostener mecanismos de control y seguridad del régimen.
Rubio también pidió a bancos internacionales y empresas que mantienen relaciones con las entidades sancionadas suspender de inmediato esas actividades. Además, advirtió que quienes continúen prestando servicios a los organismos afectados podrían enfrentar sanciones adicionales, según informó el Departamento de Estado.
Las medidas alcanzan a las firmas Rafin, Banco Financiero Internacional (BFI) y Almacenes Universales, todas vinculadas a Gaesa. De acuerdo con el Departamento de Estado, las dos primeras participan en operaciones financieras relacionadas con el movimiento de recursos, mientras que la tercera desarrolla actividades logísticas y portuarias en la isla.
Washington también incluyó a dos compañías del sector minero y metalúrgico: la siderúrgica José Martí y GeomInera. Según el comunicado oficial, ambas generan ingresos mediante la explotación de recursos minerales y forman parte de sectores considerados estratégicos para la economía cubana.
Sanciones alcanzan a familiar del entorno de Raúl Castro
La lista de sancionados incorpora además a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por el Departamento de Estado como esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos.
Según el comunicado estadounidense, las entidades y personas sancionadas contribuyen, facilitan o se benefician de actividades atribuidas al régimen cubano tanto dentro de la isla como en el continente.
El anuncio llegó cuatro días después de que Cuba presentara 176 medidas económicas, consideradas por las autoridades como el programa de reformas más amplio en décadas. Entre los cambios figuran la autorización de bancos privados, ajustes cambiarios y la apertura de empresas estatales a accionistas particulares.
De acuerdo con la información oficial, estas reformas buscan preservar el funcionamiento del sistema económico en un contexto marcado por la creciente presión de Estados Unidos sobre la isla.






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