Bolivia ingresó en estado de excepción luego de que el presidente Rodrigo Paz oficializara la medida el viernes, en medio de 50 días de conflicto y la continuidad de bloqueos en distintas carreteras del país. La decisión busca restablecer la circulación y asegurar el acceso a bienes y servicios esenciales, según informó el mandatario.
La determinación fue anunciada durante la madrugada de este sábado mediante un mensaje presidencial. De acuerdo con la comunicación oficial, la medida responde a los efectos de los bloqueos y hechos de violencia que, según el Gobierno, afectaron la movilidad de la población, la atención de emergencias y el funcionamiento regular del país.
En el escenario previo a la declaratoria surgieron posiciones divergentes entre sectores movilizados. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) suscribió un acuerdo con el Ejecutivo y comunicó el fin de sus protestas, la Federación Túpac Katari ratificó la continuidad de las movilizaciones y anunció una intensificación de los bloqueos.
Estado de excepción para liberar carreteras
Según el mensaje difundido por la Presidencia, el estado de excepción tiene como objetivo garantizar la libre circulación y recuperar el abastecimiento. El Gobierno sostuvo que la medida también busca proteger el acceso de la población a alimentos, combustibles, medicamentos y servicios esenciales.
Paz afirmó que la declaratoria no pretende alterar la normalidad del país, sino restablecerla. La decisión se aplica en todo el territorio nacional.
Aplicación inmediata y revisión legislativa
El diputado Carlos Alarcón señaló que la medida entra en vigencia de forma inmediata. Asimismo, indicó que la Asamblea Legislativa dispone de 72 horas para pronunciarse sobre la declaratoria.
De acuerdo con la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción y las disposiciones constitucionales citadas en el reporte, esta herramienta otorga facultades legales al Gobierno para enfrentar situaciones de crisis. La normativa establece, además, que la declaratoria no puede suspender garantías constitucionales, derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad.
Según el reporte, la Oficina del Presidente brindará información oficial sobre el alcance y la implementación de la medida y recomendó a la ciudadanía acudir a canales oficiales para evitar la desinformación.



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