La CIDH alertó este martes que los bloqueos y protestas registrados en Bolivia desde inicios de mayo ya generan graves afectaciones a derechos humanos, con impactos en el acceso a servicios esenciales y un saldo de fallecidos, heridos y personas detenidas. El organismo instó al Estado y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo para evitar un mayor deterioro de la situación.
En un comunicado emitido desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el aumento de la conflictividad social en Bolivia y sus consecuencias sobre la población.
Según informó la Comisión, los bloqueos de carreteras han provocado dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno. El organismo señaló que estas medidas se desarrollan en un contexto marcado por crisis económica, polarización política y desconfianza entre distintos sectores y el Gobierno.
De acuerdo con la CIDH, hasta el 27 de mayo se contabilizaron al menos 70 puntos de bloqueo, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El reporte indica que las interrupciones viales dejaron a la sede de gobierno prácticamente aislada y afectaron la distribución de productos esenciales.
Fallecidos, heridos y agresiones a periodistas preocupan a la Comisión
La CIDH citó información de la Defensoría del Pueblo que reporta siete fallecidos vinculados al conflicto. Según esos datos, cuatro personas murieron por falta de atención médica oportuna, una durante un operativo de desbloqueo en Calamarca y otras dos corresponden a movilizados cuyos casos siguen bajo investigación del Ministerio Público.
La Defensoría también documentó, hasta el 24 de mayo, al menos 23 personas heridas, entre ellas manifestantes, civiles y efectivos policiales, según recordó la Comisión.
El organismo advirtió además sobre el incremento de la violencia durante las movilizaciones y el riesgo derivado de iniciativas de algunos sectores civiles para desbloquear rutas por cuenta propia.
Asimismo, la CIDH informó que la Defensoría registró 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa, además de cuatro ataques a equipos periodísticos durante la cobertura de las protestas.
La Comisión pidió al Estado garantizar la protección de periodistas, personal médico, brigadas de primeros auxilios y defensores de derechos humanos. También reiteró su disposición para acompañar al Estado boliviano y a los actores sociales mediante mecanismos de cooperación y monitoreo, insistiendo en que la solución a la crisis debe construirse mediante el diálogo democrático.



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