El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, exhortó este miércoles al Gobierno y a los sectores movilizados a agotar todas las vías de diálogo para enfrentar las tensiones sociales que atraviesa Bolivia. Además, aseguró que el Ministerio Público hará respetar la Constitución Política del Estado, la democracia y la legalidad.
La autoridad expresó preocupación por la escalada de bloqueos, hechos de violencia y daños a las vías de transporte registrados en distintos puntos del país. Según indicó, estos conflictos afectan la convivencia pacífica y ponen en riesgo la seguridad de la población.
Fiscalía alerta por los efectos de los bloqueos
Mariaca afirmó que Bolivia vive un momento que exige serenidad y reflexión. En ese contexto, pidió priorizar el bienestar colectivo por encima de las diferencias políticas o sectoriales.
Desde el Ministerio Público señalaron que los bloqueos y hechos violentos vulneran derechos fundamentales, como la libre circulación y la seguridad de las familias bolivianas. Por ello, reiteraron su compromiso de actuar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Ministerio Público anuncia acciones en defensa de la legalidad
El Fiscal General sostuvo que la institución ejercerá con firmeza la acción penal pública frente a conductas que atenten contra la paz social, la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales.
Asimismo, remarcó que todas las acciones del Ministerio Público se desarrollarán bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, responsabilidad y autonomía.
“Más allá de una obligación constitucional, tenemos también un compromiso moral con el pueblo boliviano de actuar siempre del lado de la paz, del respeto y de la convivencia democrática”, declaró la autoridad.
Mariaca insiste en acuerdos para preservar la estabilidad
La autoridad insistió en que el diálogo debe prevalecer entre el Gobierno y los sectores movilizados. En ese marco, llamó a las partes a escucharse mutuamente y encontrar soluciones que permitan preservar la estabilidad y la convivencia pacífica.
Mariaca enfatizó que ningún interés personal o sectorial puede imponerse sobre el orden constitucional ni sobre el bienestar colectivo. Finalmente, ratificó que el Ministerio Público defenderá las instituciones democráticas y el derecho de la población a vivir en paz.








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