La justicia boliviana ordenó este viernes la detención preventiva por cinco meses del exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, en el marco de una investigación por un presunto daño económico de Bs 18,4 millones vinculado a la apertura de la ruta aérea Viru Viru–La Habana.
La medida fue definida tras una audiencia cautelar que se extendió por más de cinco horas. Casso deberá cumplir la disposición judicial en el penal de San Antonio, en Cochabamba, mientras avanzan las investigaciones impulsadas por el Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía.
Ronald Casso fue aprehendido el miércoles por su presunta responsabilidad en los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según la denuncia oficial, durante su gestión se autorizó la operación de vuelos hacia Cuba sin respaldo técnico suficiente.
De acuerdo con el informe presentado por el Viceministerio de Transparencia, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se destinó un avión Boeing 737-800, con capacidad para 168 pasajeros, para cubrir esta ruta internacional pese a una baja demanda sostenida.
La investigación sostiene que esa decisión provocó pérdidas económicas para la aerolínea estatal por Bs 18,4 millones, debido al escaso número de pasajeros registrados en varios vuelos.
Vuelos con baja ocupación bajo análisis fiscal
Entre los antecedentes expuestos por la denuncia figuran operaciones con ocupación mínima. Según el reporte, el 30 de noviembre de 2023 una aeronave de BoA voló a La Habana con solo 17 pasajeros, mientras que el 22 de febrero de 2024 realizó el mismo trayecto con apenas 22 viajeros.
Para la Fiscalía, estos datos son parte central de la investigación que busca determinar si existieron decisiones administrativas que afectaron económicamente a la empresa estatal.
El fiscal Wálter Lora informó que las pesquisas apuntan a establecer responsabilidades penales y administrativas en torno a la aprobación y mantenimiento de la cuestionada conexión aérea con Cuba.
Defensa de Casso rechaza existencia de daño económico
El abogado defensor de Casso, Javier García, confirmó la resolución judicial y señaló que su equipo presentó argumentos para demostrar que durante la gestión del exejecutivo no hubo perjuicio económico para BoA.
“Vamos a ser respetuosos de las resoluciones. Acabo de hablar con mi patrocinado, él está seguramente molesto, pero fortalecido”, declaró García al finalizar la audiencia.
El jurista aseguró que, según los datos revisados por la defensa, la operación de la ruta incluso habría generado utilidades para la empresa durante el período bajo responsabilidad de Casso.
“Han determinado que entre el 2023 y 2024, en las gestiones que le correspondían al ingeniero Casso, no ha existido ningún daño económico y ha existido, por el contrario, utilidad para la empresa”, afirmó.
La defensa adelantó que el traslado del exgerente al penal de San Antonio está previsto para este sábado. También indicó que durante la audiencia se consideró el estado de salud de Casso al momento de definir la medida cautelar.
Fiscalía amplía investigación a exdirectivos y exautoridades
El caso no se limita al exgerente de BoA. La Fiscalía amplió las investigaciones hacia otros exintegrantes del directorio que aprobaron la apertura de la ruta internacional.
Entre las personas mencionadas también figura el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, quien actualmente cumple detención preventiva por otro proceso relacionado con presuntas irregularidades en una obra vial.
Este proceso se suma a otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en empresas estatales y mantiene bajo observación la gestión administrativa de BoA, especialmente por decisiones vinculadas a la expansión de rutas internacionales cuestionadas por organismos de control.





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