Una avioneta que estaba bajo investigación por presuntos vínculos con narcotráfico fue retirada sin autorización del aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, la madrugada de este viernes 1 de mayo. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, denunció que el hecho ocurrió entre las 05:30 y 06:00, pese a que la aeronave se encontraba precintada y bajo custodia estatal.
Según la autoridad, el caso reviste gravedad porque la aeronave debía ser sometida a un microaspirado el próximo 5 de mayo como parte de las diligencias investigativas. El hecho ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que asumió la dirección funcional de la investigación.
Salida no autorizada de avioneta bajo custodia estatal
Justiniano detalló que el hangar N° 116, donde se encontraba la aeronave, fue violentado para concretar la sustracción. “Se retiró una aeronave bajo custodia del Estado y se produjo un despegue sin autorización, todo en horario nocturno”, afirmó en sus redes sociales.
El viceministro subrayó que la avioneta estaba oficialmente precintada, lo que implica que no podía ser manipulada ni trasladada sin autorización judicial o administrativa. La salida irregular activa alertas sobre posibles fallas en los sistemas de seguridad aeroportuaria.
De acuerdo con la información oficial, el microaspirado programado para el 5 de mayo es una técnica pericial utilizada para detectar rastros de sustancias controladas. Este procedimiento formaba parte de la investigación en curso sobre el posible uso de la aeronave en actividades ilícitas.
La sustracción impide, al menos de momento, la realización de esta prueba, considerada clave para el avance del caso.
Investigación prioritaria y búsqueda de responsables
El viceministro informó que se activó una investigación inmediata y prioritaria para identificar a los responsables directos e indirectos. “No hay excusas. Hay responsabilidades”, enfatizó en su pronunciamiento público.
Entre las acciones en curso se encuentran la intervención y revisión de los sistemas de control del aeropuerto, así como operativos para ubicar la aeronave sustraída. También se analiza información relacionada con eventos previos en el mismo sector para determinar si existen patrones o posibles omisiones.
El caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado, que ahora lidera las actuaciones investigativas. Según Justiniano, el objetivo es establecer responsabilidades con base en pruebas y no en especulaciones.
La autoridad también aseguró que no se encubrirá a ninguna persona implicada y que se reforzarán los controles para cerrar espacios a organizaciones criminales.
Refuerzo de controles ante riesgo de infiltración criminal
Como parte de las medidas inmediatas, el Gobierno anunció el fortalecimiento de los controles en aeropuertos y la articulación de acciones interinstitucionales. Estas buscan evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
“El destino y las responsabilidades serán establecidos con pruebas”, reiteró Justiniano, quien calificó el hecho como una señal de alerta sobre la necesidad de endurecer los mecanismos de control estatal.
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