El Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva para el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y otros tres exdirectivos, investigados por un presunto daño económico millonario al Estado en la compra de bonos soberanos con sobreprecio.
Los cuatro implicados pasaron su primera noche en celdas policiales tras ser aprehendidos. Según informó el fiscal Miguel Cardozo este miércoles, la imputación formal será presentada ante un juez, quien deberá definir su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.
Investigación por compra de bonos con sobreprecio
La Fiscalía investiga una presunta irregularidad en la adquisición de bonos soberanos realizada por el BCB. De acuerdo con Cardozo, los títulos fueron comprados a precios significativamente superiores a los del mercado.
El fiscal explicó que el valor de los bonos oscilaba entre el 52% y el 56% en el mercado. Sin embargo, el Banco Central habría concretado compras al 99,9% de su valor. Esta diferencia constituye el núcleo de la denuncia por sobreprecio.
Según el Ministerio Público, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por Rojas, fue el encargado de autorizar estas transacciones. Este comité gestionaba la compra de bonos a otras entidades financieras.
Cardozo señaló que el supuesto sobreprecio se habría registrado en al menos siete transferencias bancarias. La investigación se sustenta en un informe de auditoría interna del propio BCB, que posteriormente derivó en la denuncia formal.
Daño económico supera los $us 124 millones
Las cifras del presunto daño económico presentan diferencias entre instituciones estatales. La Fiscalía estima una afectación superior a 124 millones de dólares.
Por su parte, el Viceministerio de Transparencia reportó, mediante una nota de prensa, un daño de 142,3 millones de dólares. Ambas cifras coinciden en señalar una afectación significativa a las arcas del Estado.
Audiencia cautelar definirá situación legal
El fiscal Cardozo confirmó que la imputación formal será presentada durante la jornada. Posteriormente, un juez cautelar convocará a audiencia para evaluar las medidas a aplicar.
En esa instancia, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por seis meses para los cuatro investigados. La decisión final dependerá de la valoración judicial sobre riesgos procesales, como la posibilidad de fuga u obstaculización de la investigación.
La causa se encuentra en etapa inicial, y las autoridades prevén ampliar las indagaciones en función de los hallazgos del proceso.






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