
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la capacidad del Gobierno para manejar la conflictividad en Bolivia, especialmente en torno al problema del combustible. La autoridad afirmó que la administración “no está sabiendo gestionar los conflictos”, ni en su resolución ni en el manejo de los tiempos.
La declaración se dio durante la presentación del informe de monitoreo de conflictividad, que reporta 157 conflictos en el país. Según el documento, el abastecimiento de combustible lidera las tensiones con 29 casos, seguido por problemas de gobernanza con 27.
Combustible lidera los focos de conflicto
Callisaya advirtió que el conflicto por el combustible está escalando en complejidad. Señaló que se trata de un problema que evoluciona hacia una conflictividad de alta densidad y de carácter prolongado.
El informe detalla que esta problemática no es aislada. Se suma a otros focos vinculados con educación, salud y el ejercicio de derechos. De acuerdo con el Defensor, estos conflictos emergen porque el Gobierno promulga normas sin procesos adecuados de consulta o participación ciudadana.
Falta de claridad genera incertidumbre
El Defensor también alertó sobre un clima de incertidumbre en la población. Según explicó, existe una percepción de falta de claridad respecto a los objetivos del Gobierno y las estrategias para alcanzarlos.
Esta situación, afirmó, genera angustia social. La población comienza a cuestionar si los sacrificios actuales tienen sentido frente a la ausencia de metas claras y resultados visibles.
Defensor propone diálogo y transparencia
Ante este escenario, Callisaya planteó dos recomendaciones centrales. En primer lugar, pidió al Gobierno comunicar con transparencia su agenda estratégica. Sugirió detallar metas, procesos, resultados esperados y plazos.
En segundo lugar, propuso instalar una mesa de diálogo multiactor. Según indicó, este espacio debe incluir a líderes políticos, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
Mesa multiactor para consensuar agenda
El objetivo de este diálogo sería consensuar una agenda nacional en torno a la gestión de los conflictos. Callisaya subrayó la necesidad de incluir a actores clave del sistema político y social para generar legitimidad y reducir tensiones.
De acuerdo con el Defensor, la articulación entre estos sectores puede contribuir a una mejor gestión de la conflictividad y a la construcción de acuerdos sostenibles.








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