La Armada Boliviana confirmó que la noche del sábado 25 de abril, personas no identificadas sustrajeron armamento y munición de un recinto militar en el departamento de La Paz. El hecho ocurrió en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, ubicado en la localidad de Chua Cocani.
Según el comunicado oficial, el robo se registró alrededor de las 21:45. Tras detectar la sustracción, la institución activó protocolos de seguridad, declaró estado de emergencia institucional y desplegó operativos conjuntos para recuperar el material.
Operativo militar tras robo de armamento en Chua Cocani
La Armada ordenó una inspección inmediata de los pañoles, compartimentos especializados donde se almacena el armamento. De forma paralela, movilizó efectivos navales y activó grupos especiales para iniciar tareas de búsqueda.
Estas acciones se ejecutan en coordinación con la Policía Militar Naval, la Policía Boliviana y el Ministerio Público. El objetivo es ubicar a los responsables y recuperar el armamento en el menor tiempo posible.
Los operativos incluyen labores de inteligencia y rastrillaje en zonas aledañas al cuartel. Según el informe institucional, estas acciones responden a protocolos establecidos para este tipo de incidentes.
La Armada pidió a la población mantener la calma y evitar especulaciones ante el movimiento inusual de personal militar en la región.
Personas aprehendidas y posibles implicaciones extranjeras
De acuerdo con el comunicado, varias personas fueron aprehendidas y actualmente prestan declaración en calidad de testigos ante el Ministerio Público, que lidera la investigación.
La institución también señaló que existen “fuertes indicios” sobre la posible participación de ciudadanos extranjeros en el hecho, aunque no se brindaron mayores detalles.
La Armada recordó que este delito está tipificado en el artículo 141 séptimo del Código Penal Boliviano. La normativa establece penas de cinco a diez años de prisión en casos de hurto.
Si se configura el delito de robo, la sanción puede alcanzar entre ocho y quince años de privación de libertad. Estas penas pueden incrementarse si se identifican agravantes durante el proceso investigativo.
Llamado a la calma y seguimiento del caso
En su pronunciamiento, la institución naval reiteró que las operaciones desplegadas buscan garantizar la seguridad y recuperar el material sustraído. Además, insistió en que el movimiento de tropas responde exclusivamente a medidas preventivas y de control.
El caso se encuentra en etapa de investigación, bajo la dirección del Ministerio Público, mientras continúan los operativos en la zona.





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