El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó sobre la detección de posibles delitos penales, irregularidades documentales y fallas judiciales en el denominado caso Mutualista. La revelación surge tras una investigación realizada por la unidad de transparencia del propio órgano judicial.
El informe, presentado en abril de 2026, analiza la disputa por los terrenos del mercado Mutualista en Santa Cruz de la Sierra, valuados en al menos 300 millones de dólares. Según Saucedo, los hallazgos abren la posibilidad de reactivar procesos penales y derivar responsabilidades ante el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
Irregularidades documentales y posibles delitos penales
El reporte de la comisión identifica múltiples inconsistencias en la supuesta transferencia del terreno. Entre ellas, destaca la existencia de documentación irregular y dudas sobre la identidad del presunto propietario.
Además, el informe detecta la posible entrega irregular de planos municipales y la falta de respaldo documental en registros de Derechos Reales. Estos elementos, según el TSJ, podrían configurar delitos que deben ser investigados por instancias competentes.
Indicios de prevaricato en fallo constitucional
Uno de los puntos más sensibles del informe es la identificación de indicios de prevaricato en una sentencia constitucional. Este delito implica que una autoridad judicial emite un fallo contrario a la ley.
“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, afirmó Saucedo. La autoridad subrayó que el hecho de que el fallo provenga del Tribunal Constitucional Plurinacional no lo exime de una eventual responsabilidad penal.
En ese sentido, anunció que se remitirá una denuncia al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes.
Fallas judiciales y procesos fuera de jurisdicción
El informe también señala posibles fallas en las actuaciones judiciales dentro del caso. Entre ellas, se menciona la tramitación de un recurso de amparo fuera de la jurisdicción correspondiente.
Este tipo de irregularidades, según la investigación, comprometen la legalidad de los procedimientos y refuerzan la necesidad de revisar el proceso en su integridad.
Rol de actores políticos y acceso a documentos
Saucedo apuntó a la participación de actores políticos en la obtención de documentos clave. Según declaraciones recogidas en el proceso, el entonces concejal José Quiroz habría entregado planos municipales a solicitud de abogados vinculados a la familia Crapuzzi.
De acuerdo con el informe, Quiroz era el único con acceso al sistema digital que permitía obtener dichos documentos. Esta situación refuerza las sospechas sobre la obtención irregular de información.
Posible reapertura del proceso penal
El presidente del TSJ indicó que, aunque una denuncia previa por falsedad fue rechazada en el Ministerio Público, los plazos aún permitirían su reapertura.
“Todavía están en plazo para interponer algún recurso que permita la reapertura de este proceso penal”, explicó. Añadió que actores políticos, autoridades y organizaciones cívicas podrían activar estos mecanismos legales.
Contexto del conflicto por el mercado Mutualista
La investigación se centra en la disputa entre la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la familia Crapuzzi por la propiedad de los terrenos del mercado Mutualista.
El caso cobró relevancia tras un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que ordenó entregar los predios a la familia. Esta decisión ha sido cuestionada por autoridades locales y sectores que sostienen que el terreno es de propiedad municipal.
Saucedo aclaró que el TSJ no puede modificar la sentencia constitucional. Sin embargo, aseguró que remitirá todos los antecedentes a las instancias correspondientes para que se determinen responsabilidades.
Acciones institucionales y siguientes pasos
El informe elaborado por la comisión de transparencia será enviado al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. Estas entidades deberán evaluar los indicios detectados y definir posibles acciones legales.
El presidente del TSJ destacó el trabajo técnico de la comisión y reiteró que el objetivo es garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.








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