
El Gobierno de Bolivia aprobó un decreto que autoriza al Ministerio de Economía a redefinir el uso de los fondos sociales financiados con utilidades de la banca. La medida busca agilizar la asignación de recursos hacia sectores prioritarios de la economía.
La norma, impulsada por la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, permite modificar, crear o cerrar estos fondos sin necesidad de emitir un nuevo decreto. Según el Ejecutivo, el objetivo es responder con mayor rapidez a las necesidades productivas y sociales del país.
Alcance del decreto sobre fondos sociales
El decreto establece que el Ministerio de Economía tendrá plena facultad para reorganizar los recursos provenientes de los fondos sociales. Estos fondos se financian con parte de las ganancias de los bancos, en cumplimiento de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros.
Hasta ahora, cualquier cambio en su estructura requería la aprobación de una nueva norma. Con la nueva disposición, esa restricción se elimina. Según el Gobierno, esto permitirá una gestión más flexible y eficiente.
Cambios en la administración de recursos
La nueva normativa habilita tres acciones clave:
- Redirigir recursos hacia nuevos programas.
- Crear mecanismos de financiamiento adicionales.
- Cerrar fondos que ya no respondan a las prioridades económicas.
De acuerdo con el decreto, estas decisiones podrán ejecutarse de forma directa desde el Ministerio de Economía.
Objetivo: mayor rapidez en políticas económicas
El Ejecutivo argumenta que la medida apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante cambios en la economía. Los recursos podrán orientarse, por ejemplo, a programas productivos o iniciativas sociales emergentes.
Según el texto oficial, esta flexibilidad permitirá optimizar el impacto de los fondos en sectores con mayores necesidades.
Garantías para beneficiarios actuales
El decreto también establece límites claros. Los créditos y garantías ya otorgados no sufrirán modificaciones. Se mantendrán las condiciones originales para todos los beneficiarios.
Esta disposición busca dar certidumbre a quienes accedieron a financiamiento bajo los esquemas vigentes.
Rol de la ASFI en la implementación
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) deberá ajustar su normativa para aplicar los cambios definidos por el Ministerio. Esta entidad será responsable de adecuar la regulación del sistema financiero al nuevo marco.
Según el decreto, la ASFI tendrá un rol clave en la operativización de las nuevas disposiciones.
Ampliación del programa PEPE
La norma también introduce modificaciones al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). El plazo para cobrar este beneficio se amplía hasta el 19 de junio de 2026.
Además, el alcance del programa se extiende a nuevos beneficiarios, aunque el decreto no detalla en esta instancia los criterios específicos de inclusión.
Enfoque en inclusión financiera
Los fondos sociales tienen como finalidad principal facilitar el acceso al crédito. Están dirigidos especialmente a micro y pequeñas empresas, vivienda social y sectores con menor acceso al sistema financiero.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar su política de inclusión financiera. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema permitirá un uso más estratégico de estos recursos en función de la coyuntura económica.






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